La Ertzaintza desvela que la exdirectora de Arqueología desoyó a expertos que advertían de la falsedad de los hallazgos

Así se recoge en el informe de conclusiones policiales, elaborado por el equipo instructor, que detalla, a lo largo de 700 páginas, los entresijos de la trama urdida por el arqueólogo Eliseo Gil para presentar como verdaderas numerosas piezas con inscripciones de los siglos III, IV y V que contenían la primera representación gráfica del calvario de Cristo y jeroglíficos con las primeras palabras en euskera. La Ertzaintza, que considera el caso como la «más grave falsificación de la arqueología mundial de los últimos años», dirige sus sospechas sobre Gil e Idoia Filloy, socios de Lurmen, el arqueólogo Óscar Escribano y el colaborador Rubén Cerdán. Además, a Ainhoa Gil, hermana de Eliseo, se la señala como autora de daños contra el patrimonio histórico.

El trabajo policial, que desvela de manera pormenorizada las actuaciones en Iruña-Veleia entre 2005 y 2008, destaca que el primero de los avisos a Amelia Baldeón se produjo en mayo de 2006, un mes antes de que Eliseo Gil presentara a los medios de comunicación sus supuestos hallazgos. Entonces, Juan Carlos Elorza, director del Museo de Burgos; José María Álvarez, director del Museo de Arte Romano de Mérida, y Ramón Teja, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, advirtieron «sobre la existencia de irregularidades en los grafitos». La responsable del Museo de Arqueología reconoció que trasladó estas sospechas al diputado de Cultura, Federico Verástegui, pero, «al parecer, no fueron tenidas en cuenta».

Un mes después, el catedrático de la UPV Joaquín Gorrochategui, uno de los primeros que dio la voz de alarma, le manifestó «abiertamente sus serias dudas» sobre la autenticidad de los grafitos excepcionales con leyendas en euskera. «Palidecía cuando se lo contaba y me decía que no podía ser», declaró Gorrochategui a la Policía. También le entregó a Baldeón una carta con sus sospechas. «La responsable del museo no informó a sus superiores -Félix López, jefe de Servicio, y Pedro Gonzalo-Bilbao, director de Cultura- de la conversación» y guardó la carta «sin abrirla en un cajón, donde permaneció hasta 2008». «Hizo caso omiso a estas advertencias y no realizó ningún tipo de comprobación o gestión para intentar aclarar estas dudas», revela el informe.

Baldeón señaló a la Ertzaintza que se guardó la carta por considerarla «confidencial. El sobre ha estado cerrado hasta diciembre de 2008, cuando la diputada -Lorena López de Lacalle fue responsable de Cultura desde 2007- nos pidió fotocopia con toda la información sobre el tema».

«Anomalías» y «reservas»

Verástegui afirmó desconocer el contenido de la misiva, «aunque sabía de la opinión de Gorrochategui por haberla expresado en la comisión de Euskera, en la que hubo afirmaciones divergentes entre él y Henrike Knörr», filólogo e investigador ya fallecido, señaló a la Policía. Félix López también desconocía la existencia del escrito. «Nunca pude tramitar o cursar ningún expediente o actuación en relación con las anomalías, consideraciones, reservas, opiniones discrepantes sobre los grafitos excepcionales porque Amelia Baldeón me las ocultó», subrayó López. «Este comportamiento de ignorarme -continuó- coincide con los descubrimientos de Iruña-Veleia».

Isabel Velázquez, catedrática de Epigrafía de la Universidad Complutense de Madrid, advirtió en agosto de 2007 sobre el posible fraude de los grafitos. La directora del Museo de Arqueología de Álava reconoció a la Ertzaintza que la primera vez que Velázquez vio las piezas «saqué la primera impresión de que había cosas que no cuadraban». En la segunda ocasión en que se reunió con la experta, Baldeón percibió «su desánimo y tristeza ante el conjunto».

A partir de este momento y con la llegada a la cartera de Cultura de Lorena López de Lacalle se desencadenó el denominado caso Iruña-Veleia que acabó en el juzgado en marzo de 2009. Hoy se mantienen en pie las dos demandas interpuestas por la Diputación contra los arqueólogos Eliseo Gil y Óscar Escribano por un posible atentado contra el patrimonio. También se acusa a Gil y Rubén Cerdán, supuesto físico nuclear, de estafa al recibir más de 12.000 euros por unas pruebas realizadas en el laboratorio Saclay de Francia que la Ertzaintza señala que nunca se llevaron a cabo. López de Lacalle relegó al final a Baldeón a técnico del Museo de Armería.