Gobierno y PP aparcan el pulso por la gestión de la crisis tras otro choque de Robles y Mazón

Mazón, que el pasado jueves se desmarcó de las declaraciones con las que el presidente de su partido señaló a la Aemet y la Confederación Hidográfica del Júcar (CHJ) de la tardanza en el envío de alertas a la ciudadanía y se deshizo en agradecimientos a Pedro Sánchez y el conjunto del Gobierno, argumentó ayer que si su Gobierno no emitió antes estas alertas fue porque los organismos dependientes del Ejecutivo central les enviaron tarde los datos.

El presidente autonómico adujo, en una entrevista en COPE, que, en la jornada en la se produjo la catástrofe que se ha cobrado, hasta donde se sabe, 210 vidas, la CHJ desactivó hasta en tres ocasiones sus alertas de riesgo de desbordamiento del Barranco del Poyo, zona cero del desastre. «A la una, a las tres y a las cuatro de la tarde», precisó. Este hecho fue desmentido ayer mismo por la propia CHJ.

También denunció que la Delegación del Gobierno celebró ese martes por la mañana una reunión de seguimiento de los efectos del temporal con la Aemet, la Dirección General de Tráfico, Guardia Civil y Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, Adif y Renfe, a la que la Generalitat no fue convocada.

Y sobre otro asunto polémico, el de si reaccionó a tiempo para pedir ayuda necesaria al Gobierno, arguyó que «pese a que la propia Confederación del Ministerio desactivó la alerta hidrológica» él activó a la Unidad Militar de Emergencia a las 15.21 horas. «Una vez se activa -añadió- nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida refuerzos. Es el mando operativo de la UME el que si necesita más refuerzos en el momento llama a Torrejón». «¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que cada día pida 500 o 1.000 efectivos?».

El Ministerio para la Transición Ecológica fue el primero en respondió a estas declaraciones en un comunicado: «Las autoridades competentes contaron con la predicción meteorológica proporcionada por la Aemet y los datos de las consecuencias de esa predicción, es decir, el aumento del caudal en el Barranco del Poyo, especialmente peligrosas desde las 17 horas». El texto precisa que entre las competencias de las Confederaciones Hidrográficas «no está la de emitir las alertas públicas».

Pero Mazón -que en varias comparecencias de los últimos días había ido haciendo recuento de los militares que su Gobierno iba solicitando, hasta 5.000 el pasado sábado- también tuvo respuesta desde el Ministerio de Defensa. El general jefe de la UME, Javier Marcos, trató de evitar el choque y admitió que es él quien «dimensiona» en un primer momento cuántos efectivos debían movilizarse. «El director de la emergencia pide apoyo en función de lo que está pasando. La entidad que solicitó en ese momento era la adecuada. Hay un montón de catástrofes naturales que son susceptibles de provocar el caos, la más difícil de prever son las inundaciones», disculpó. Sin embargo, también dejó claro que la UME estuvo esperando con todo preparado a que la Generalitat le diera «luz verde» para actuar porque no podía hacerlo sin su actuación previa.

La ministra Robles, sin embargo, no se contuvo y, por segundo día desde el inicio de la crisis -ya protagonizó un enfrentamiento con la Generalitat el viernes, al quejarse de que, inicialmente, esta hubiera restringido la labor de la UME a la zona de Utiel y Requena- cargó contra el Gobierno de Mazón, al que exigió que «se dedique a coordinar adecuadamente» la emergencia porque «no está lo mejor coordinada posible».

Bolaños, en cambio, eludió el más mínimo reproche al presidente valenciano. «El día que demos respuesta a esta tragedia podemos hablar de otras cuestiones pero ahora tenemos que ayudar dar cariño a las personas que están sufriendo», dijo.