Uno de los acusados de filtrar exámenes achaca las notas de sus subordinados a su «brillantez»

Los tres especialistas negaron ante la magistrada Yolanda Varona su participación en las filtraciones. César Augusto Valero aseguró a EL CORREO a su salida del juzgado desconocer si alguna persona había facilitado los exámenes a los opositores, pero recalcó que él no había sido. El Ministerio Público no opina igual. Ve indicios de delito. El principal es que las dos notas más altas en el primer examen de aquella convocatoria -que él redactó- son de anestesiólogos de su mismo equipo. Obtuvieron un 92 y un 84 de puntuación, cuando la media se situó entre 40 y 55. Valero lo justifica en que estas dos personas son «brillantes, por encima de la media». La que logró la nota más alta, añadió, acumuló «17 matrículas» durante su etapa universitaria. La de Anestesia es una de las pruebas paralizadas por Osakidetza ante los indicios de fraude junto con Angiología, Cirugía Plástica y Cardiología.

Otro de los investigados es José Luis Cabriada, responsable de Digestivo en el hospital de Galdakao. Además de redactar el examen formó parte de aquel tribunal. La Fiscalía detecta una coincidencia que le hace apreciar en él indicios de delito. Entre las mejores notas de la especialidad cuatro son de opositores de Galdakao y la mejor de todas ellas es de una cirujana que trabaja con el investigado en un centro privado.

El abogado de este facultativo, Jesús Urraza, defendía ayer que no existen indicios sólidos para acusar a su defendido de un delito penal. «Ninguno de los testigos y denunciantes que han declarado estos días han manifestado tener pruebas de que Cabriada haya filtrado nada. No aportan dato alguno que pueda relacionarle con estos hechos. Ni dicen cuándo ni cómo pudo pasar el examen. Él ha negado su participación en los hechos que se investigan y desconoce si alguna persona pudo facilitar aquellas pruebas a los opositores», defendió el letrado.

Respecto a que entre las mejoras notas de la especialidad varias fueran de compañeros de este jefe de servicio, el encargado de su defensa trasladó a este diario que el hecho de que su cliente «conozca a estos profesionales no es suficiente indicio» para sostener una acusación penal contra él.

Ni la tercera investigada ni su abogada quisieron realizar ayer manifestaciones a este diario. A María Reyes Vega Manrique, que tampoco contestó a las preguntas de los abogados de ESK y LAB, se la señala por facilitar, supuestamente, el examen que redactó de Angiología a cuatro médicos del equipo de esta jefa de servicio en Basurto, una prueba que solo fue aprobada por cinco de los 31 aspirantes. Ella era además miembro de aquel tribunal y parte de sus colegas llegaron a cuestionar su permanencia en el comité ante lo «insólito» de aquellos resultados.

El que sí habló ayer fue Patxi Nicolau, representante de ESK, sindicato que destapó el fraude que se llevó por delante al exconsejero Jon darpón. Nicolau sostuvo que en este caso «la responsabilidad judicial va más allá de estas tres personas investigadas». ESK va a «cotejar» las denuncias anónimas que ha recibido durante el último año con el sumario y las actas del tribunal para tratar de aportar nuevas pruebas «sólidas» de filtraciones en otras especialidades médicas. La jueza investiga once de las veinte denunciadas por los sindicatos, que son en las que ha hallado indicios de delito.

Nicolau anunció además que la central recurrirá la decisión de Osakidetza de que Marta Macho, una de las anestesistas denunciantes, no cubra la excedencia de la compañera a la que ya estaba sustituyendo durante su baja. ESK afirma que Salud ha incumplido su propio reglamento. A Macho le han ofrecido un contrato eventual de un mes en el mismo hospital de Mondragón.