El Gobierno vasco reclama «más herramientas» a la UE para poner coto a las viviendas turísticas ilegales
El consejero de Turismo alerta de la «impunidad» de muchos alojamientos por la «falta de colaboración» de las plataformas anunciantes
El Gobierno vasco hizo hace unos meses público un informe que revelaba que en 1.302 de los 2.781 pisos turísticos anunciados en las tres principales plataformas especializadas no aparecía el número de registro, un requisito imprescindible en Euskadi. Pero la Administración no tiene capacidad para hacer cumplir esa obligatoriedad en un momento en el que estas viviendas van al alza. Las regularizadas, las inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE), ascendían a 4.478 en febrero, cuando el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ofreció los últimos datos. Cinco años antes había 2.617. Y, del mismo modo que aumentan los alojamientos legales, lo hacen los clandestinos, por lo que el Ejecutivo autonómico ha reclamado a la Unión Europea «más herramientas» para poder frenar este fenómeno.
4.478 viviendas legales
para uso turístico hay en Euskadi. En 2017 eran 2.617
2.7 anuncios online localizados
El 47% de ellos no publican su número de inscripción en el REATE, si es que lo tienen
El consejero Javier Hurtado ha comparecido este martes en el Parlamento vasco para detallar los pasos dados para atajar la proliferación de alquileres turísticos ilegales. La comunidad autónoma cuenta con su propia normativa y con competencias en esta materia, pero no tiene capacidad para exigir a páginas web como Airbnb que compartan con los inspectores los datos de los anunciantes. «La impunidad de muchos alojamientos que están actuando clandestinamente se debe a la falta de colaboración y transparencia de las plataformas con las autoridades locales. El control de la actividad clandestina se dificulta sin la colaboración de estas plataformas», ha subrayado el titular del departamento.
De ahí que Hurtado haya mantenido diversos encuentros en Bruselas para trasladar las reclamaciones del País Vasco en el marco de la elaboración de un reglamento que prepara el Parlamento Europeo sobre el intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración. El Gobierno vasco defiende que se endurezcan las exigencias a las plataformas, «obligando a que incluyan el número de registro en todos los anuncios que publiciten». También clarificar el régimen sancionador, para que las administraciones competentes, como la vasca, puedan multar a las páginas web que no inlcuyan esos datos. Y, en tercer lugar, reclaman que esa normativa entre en vigor en 6 meses, y no en 24 como está previsto.
Hace unas semanas se reunió en la capital belga con varios eurodiputados, de los que «hemos recibido una respuesta positiva, porque entienden nuestras reivindicaciones y son conscientes de que las autoridades competentes, tanto en niveles locales como autonómicos, somos quienes más conocemos la realidad de nuestros territorios».
Más inspección
Para el consejero, urge tomar medidas, porque la falta de colaboración de las plataformas suma una «dificultad» a la hora de localizar los pisos clandestinos. «En muchos casos el anuncio aparece sin especificar la dirección exacta, no hay fotos de la fachada... y hace casi imposible identificar es vivienda», ha asegurado. De hecho, ha lamentado, los tribunales amparan a estas empresas, ya que, con la ley en la mano, entienden que son «intermediarias» y no «comercializadoras», por lo que han anulado las sanciones impuestas por otros territorios como la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Los grupos de la oposición, por su parte, consideran que el departamento debería tener «más iniciativa sin esperar a la normativa europea» y reforzar la inspección, tarea de la que se encargan quince personas.
