El Gobierno vasco no quiere lucro empresarial en los centros que ofrecen servicios sociales

¿Cómo funciona ahora? Fekoor, Gorabide o Apnabi, por ejemplo, trabajan paliando la discapacidad física, orgánica y mental gracias a convenios públicos que se aprueban cada año. Es una fórmula bastante arbitraria y que hace que dependan, en último término, de la voluntad del diputado o el consejero de turno, aunque no suele haber sorpresas. La idea del Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu es adentrarse en una fórmula más reglada. «Un concierto que se articulará a través de una convocatoria abierta, con publicidad y transparencia, en la que podrán participar tanto organizaciones no lucrativas como empresas, de acuerdo al principio de no discriminación», remarca el proyecto. Esto quiere decir que, aunque se evitará el lucro, las empresas privadas podrán presentarse a las convocatorias. «La totalidad de la inversión pública se deberá destinar al servicio. Puede aclarar una comparación con el régimen concertado de Educación, en el que no puede existir un beneficio como tal por parte de los colegios. Lo que se plantea ahora para los servicios sociales es que las entidades o empresas no puedan repartir beneficios entre los accionistas o los trabajadores y que, siempre que exista beneficio, deberá reinvertirse en el propio servicio en el año siguiente», añaden las mismas fuentes.

Habrá quien opine que las facturas de ahora de 100 euros con otros 17 de beneficio empresarial pasarán entonces a tener un importe de 117 euros. Pero no es tan sencillo. «No serían precios competitivos. En cualquier caso, el propio decreto marca que va a ser la Administración y no el mercado quien establezca el coste de los servicios, atendiendo a los parámetros de calidad».

El proyecto ha llegado a un espacio etéreo conocido en los pasillos de Lakua como 'el tramitagune' y puede descargarse en la web de transparencia. Es el arranque de una tramitación que se prevé larga. «Muchos meses, como poco», según sus autores. «La intención es que pueda aprobarse a lo largo de este mandato», explican desde Políticas Sociales, pero el margen es exiguo. La legislatura termina en menos de un año. Las entidades del Tercer Sector deberán posicionarse ahora sobre el documento y también las empresas privadas afectadas. Se contemplan de salida algunas excepciones, como el mantenimiento de «convenios con entidades sin ánimo de lucro para los supuestos, necesariamente limitados, que justifican un acuerdo de colaboración entre las partes en lugar de una convocatoria abierta», explican desde la consejería.

Habrá determinados criterios que primarán a las entidades que llevan haciendo esta labor desde hace décadas, «sin que suponga discriminación». Se tendrá en cuenta «el arraigo» por dos motivos: para que los usuarios permanezcan en los centros donde se les viene tratando y también para favorecer que se forme una red. Con el fin de primar esa cercanía se valorarán «los recursos de todo tipo, la experiencia y el valor que aportan la conexión con otros servicios, educativos, laborales y sociosanitarios». Esto resulta vital para dificultar el posible aterrizaje de empresas ajenas que quieran ocupar el espacio de las entidades sociales vascas, un miedo recurrente. Además, garantiza «la integralidad de la atención y la continuidad a lo largo de la vida, así como la participación de los usuarios».