El Gobierno vasco pide a Europa repartir a los migrantes según los ingresos, la población y el desempleo de cada región

Migrantes a su paso por Bilbao./LUIS CALABOR
Migrantes a su paso por Bilbao. / LUIS CALABOR

El programa contempla un «plan integral» para formar a los menores tras cumplir la mayoría de edad, que se podría alargar hasta los 23 años

JOSÉ DOMÍNGUEZ

La viceconsejera de Políticas Sociales, Libe Amilibia, ha presentado este miércoles la propuesta que realizará el Gobierno vasco a la Unión Europea para mejorar la respuesta de las instituciones comunitarias a todos los niveles a la hora de atender las oleadas de migrantes a los estados miembros que se están produciendo desde este verano. Y la estrategia ideada por el Ejecutivo autónomo se basa en fijar un reparto a los países, comunidades y municipios basado en función de sus ingresos fiscales, su población y su nivel de desempleo. Este documento, bautizado como 'Propuesta Share (Compartir)' será presentada a todos los estados miembros en el Comité Europeo de las Regiones que se celebrará el 8 y el 10 de octubre en Bruselas y se complementará con una «agenda de trabajo» compartida con el Gobierno central para garantizar un proceso regularizado para dar atención «prioritaria» a estas personas.

El objetivo de esta iniciativa, según ha asegurado Amilibia, pasa por estructurar una respuesta equilibrada «a todos los niveles competenciales» y a todos los tipos de flujos migratorios. Desde refugiados a solicitantes de asilo, menores no acompañados o «migrantes económicos». Bajo esa perspectiva, la propuesta vasca pasa por acordar en el ámbito europeo «una clave de distribución territorial del esfuerzo de acogida e integración» que se sustente en tres parámetros. En primer lugar los ingresos fiscales se valorarían al 50% en cada caso para, de este modo, ajustar el reparto «teniendo en cuenta la situación y recursos de los distintos ámbitos territoriales».

Otro 30% de cada reparto se establecería en función de la propia población de destino del migrante en busca de un «factor de proporcionalidad». Y el 20% restante debería fijarse bajo criterios de desempleo, «una variable que debe ser contemplada porque la integración de los migrantes está directamente vinculada a su inserción laboral».

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Según ha explicado el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, la «novedad» de esta iniciativa se centra en «su carácter transversal» ya que se realizará entre los estados de la UE, entre las comunidades autónomas y también entre municipios y comarcas. De este modo, a su juicio, también se garantizará que «los gobiernos subestatales de Europa podamos trasladar a los estatales ya las instituciones europeas nuestra predisposición a asumir este compromiso».

El documento que ha elaborado el Ejecutivo autonómico también contempla una batería de propuestas «abiertas» dirigidas al Gobierno central y resto de agentes institucionales y sociales para definir una agenda de trabajo «compartida» en este terreno. Entre ellas destaca la promoción de acuerdos con los países de procedencia de los 'menas' en formación profesional, proyectos de cooperación, o programas de retorno a la familia.

Programa especial con los jóvenes

En este sentido, Amilibia ha avanzado que en noviembre el Gobierno vasco va a poner en marcha, junto a diferentes entidades sociales, un programa con 250 plazas para jóvenes extranjeros no acompañados -JENAs- con los que trabajar su incorporación al mercado de trabajo, a través de un formación «completa» de dos años. «Es un colectivo muy vulnerable porque una vez cumplidos los 18 años, salen de la protección de los centros gestionados por las diputaciones forales, y en muchos casos, se quedan bastante desprotegidos», ha explicado antes de subrayar que han detectado una necesidad «imperiosa» de trabajar el ámbito sociolaboral con estas personas.

En la rueda de prensa, los responsables del Ejecutivo también han avanzado que el centro de primera acogida para solicitantes de protección internacional de Euskadi, que estará ubicado en Oñati (Gipuzkoa), se pondrá en marcha antes de que finalice este mes de septiembre con una «capacidad inicial» para 100 personas, «con margen de ampliación». El plazo medio de estancia es de tres meses aunque por criterios técnicos puede verse «muy reducido o ampliado».

Asimismo, han recordado que las distintas instituciones en colaboración con Cruz Roja Euskadi han atendido este verano a alrededor de 3.200 personas migrantes en tránsito en su paso por Euskadi hacia el norte de Europa, que han realizado 5.700 pernoctaciones. Según ha explicado, en las últimas semanas las llegadas han descendido y hay dispositivos que no han recibido a ninguna persona, principalmente en San Sebastián e Irún, mientras que en Bilbao han detectado un «repunte» en las llegadas.

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