El Gobierno vasco anula 14.000 de las 23.000 multas impuestas por saltarse el confinamiento

Los mismos medios señalan que la administración no puede hacerlo por un artículo recogido en la página 78 de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que lo «prohibe expresamente». En este punto se habla de que los procesos sancionadores concluidos «por sentencia firme» y los que ya tienen una «actuación administrativa firme» «no son susceptibles de ser revisados» por la nulidad decretada.

El Gobierno vasco fue el encargado de tramitar las multas de la Ertzaintza y las de la mayor parte de las policías locales. Las únicas excepciones son Bilbao (4.449 expedientes), Vitoria (2.639) y Barakaldo (1.822). ¿Estos ayuntamientos van a anular también las sanciones que impusieron sus respectivas Policías Municipales por saltarse el confinamiento y que aún no han sido tramitadas?

Preguntamos. Un portavoz oficial aseguró que en el Consistorio de la capital vizcaína todavía no se ha tomado una decisión. Su planteamiento -insistió- es «leer bien» la orden del Gobierno vasco para ver «qué hay que hacer».

En la misma línea se manifestaron fuentes oficiales del Ayuntamiento de Vitoria, quienes afirmaron que todavía no hay una decisión «firme» sobre qué hacer con las multas del confinamiento.

Respecto al Consistorio de Barakaldo, portavoces oficiales evitaron también trasladar una decisión concreta sobre cómo procederán y que esperan tener un posicionamiento definitivo en las próximas horas.

Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha anulado oficialmente casi 14.000 de las 23.000 sanciones impuestas a los vascos por saltarse el confinamiento domiciliario durante el primer estado de alarma para combatir la pandemia. A esta cifra habría que sumar las 8.910 multas que pusieron las policías locales de Bilbao (4.449), Vitoria (2.639) y Barakaldo (1.822), ayuntamientos que tramitan sus expedientes. Es decir, ha suspendido de forma definitiva todas las multas que estaban en proceso de tramitación. A los que ya pagaron (5.256) y los que arrastran sanciones ya firmes (2.961) no les devolverá el dinero. Fijando unos 600 euros de media por infracción, en Euskadi las 23.000 multas tramitadas por el Departamento Seguridad ascenderían a unos 14 millones de euros. Incluyendo las de las policías locales, la suma llegaría a los 19 millones. Esta decisión es oficial desde hoy mismo, a partir de la publicación de la orden del Ejecutivo en el Boletín Oficial del País Vasco.

El documento que anula estas sanciones, firmado por el vicelehendakari Josu Erkoreka, nace como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de julio. El Alto Tribunal -en una votación que se saldó con seis votos a favor y cinco en contra- estableció entonces que el estricto confinamiento domiciliario, la medida más dura de la primera fase de la pandemia, solo podía haberse decretado bajo la figura del estado de excepción, y no con el estado de alarma, porque fue una suspensión de derechos fundamentales y no una simple limitación.

La orden del Ejecutivo tiene tres puntos fundamentales. El primero establece que no se deben incoar a partir de ahora las multas impuestas por infringir los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020. Es decir, por saltarse el confinamiento. El segundo apartado establece que se deben archivar todas las multas de estas características que estaban esperando a ser tramitadas. Y, en tercer lugar, precisa que el Gobierno vasco estimará los recursos de alzada presentados por los ciudadanos a los que sí les llegó la multa a casa.

La resolución no dice nada sobre las multas que el Ejecutivo ha cobrado ya. Pero, según fuentes oficiales del Ejcutivo consultadas por este diario, el Gobierno vasco no va a devolver el dinero a los 5.256 ciudadanos que ya pagaron las multas por el procedimiento del «pronto pago». La mayor parte de los casos denunciados ascendían a 600 euros. Tampoco se frenará el proceso sancionador para las otras 2.961 multas que ya son firmes. Los mismos medios señalan que la administración no puede hacerlo por un artículo que aparece en la página 78 de la propia sentencia del Tribunal Constitucional. En este punto se habla de que los procesos sancionadores concluidos «por sentencia firme» y los que ya tienen una «actuación administrativa firme» «no son susceptibles de ser revisados» por la nulidad decretada.