La Fiscalía sospecha de fraude en otras ocho pruebas y pide llamar a declarar a diez testigos

El informe de la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades en la última OPE de Osakidetza resulta demoledor. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, afirma que existen indicios suficientes como para que se indague un posible fraude. No ya en los exámenes referentes a tres categorías médicas, como concluyó en su investigación el Servicio Vasco de Salud, sino en un total de once. Para aclarar lo sucedido, llama a declarar a diez testigos, entre los que figuran la exdirectora general del ente, María Jesús Múgica –la única de la cúpula que parece eximida de responsabilidades– y tres de los facultativos que denunciaron el escándalo.

De momento, figuran como imputados tres médicos, sobre los que recaen las sospechas más evidentes de que «hubo actuación y voluntad clara de favorecer a unos opositores frente a otros, proporcionándoles directa o indirectamente el posible contenido del examen teórico y/o práctico». La lista podría ampliarse en el curso de la investigación.

Suenan algunos nombres. Tres corresponden a directivos de Osakidetza, el dimitido director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto;su subdirector, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, de quienes se dice que –aunque parezca que otros se aprovecharon de sus papeles «para cometer un delito»–, «constan una serie de datos anteriores y posteriores a los hechos, que, unidos, no excluyen el conocimiento de lo que se realizó». Y lo que resulta definitivo: «Podría tener contenido incriminatorio».

En la relación de actos que justifican la sospecha de la Fiscalía, Adán relata que Osakidetza facilitó al IVAP los nombres de los profesionales que elaborarían la prueba teórica sin que esta institución supiera que en muchos casos eran miembros de los tribunales calificadores. Además, «la decisión de designar a uno y otro profesional» se realizó «de un modo exento del control necesario para excluir la arbitrariedad».

La intervención de los tres directivos «permite ver», por otra parte, que se dieron «respuestas diferentes a supuestos idénticos». Por ejemplo en Angiología y Cardiología, «aceptando o negando quién ha de realizar el segundo examen». Y más:«Cuando prácticamente todo el tribunal de Angiología cuestiona si se ha de repetir» la prueba y «no procede la permanencia» en el mismo de una jefa médica bajo sospecha, María Reyes Vega –que figura entre los tres imputados–, «el director de Recursos Humanos manifiesta que la mantendrá». «Llama la atención», valora el informe fiscal. Cuatro de los cinco facultativos que aprobaron en esta categoría formaban parte de su equipo, algo que el Ministerio Público califica de «resultado insólito».

Junto a la jefa de Angiología de Basurto, la Fiscalía quiere procesar a César Augusto Valero, jefe de servicio de Anestesiología del Hospital Araba, «donde trabajaban los opositores con mejores resultados» de la especialidad. «La reacción inicial de los miembros del tribunal al conocer el resultado del primer examen fue de disolver y marcharse, muy nerviosos, ante el resultado producido».

El tercero es José Luis Cabriada, del hospital de Galdakao, que redactó el examen de Digestivo. Las cuatro mejores notas pertenecen a especialistas de su centro y la mejor de todas a una médico con la que también «trabaja en un centro privado». Ninguno de los tres respondió ayer a la llamada de este periódico.

Si son finalmente condenados, se enfrentan hasta a tres años de cárcel, como recoge el artículo 417 del Cógigo Penal. «Si la revelación de secretos resultara un grave daño para la causa pública o para terceros, la pena sería de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».