Las perceptores de la RGI o el IMV en Euskadi crecen más de un 20% en dos años
El vicelehendakari Mikel Torres destaca en el Parlamento que la ley de garantía de ingresos aprobada en 2022 ha contribuido a que Euskadi sea la comunidad con menos riesgo de pobreza
72.000 perceptores cobran la RGI o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Euskadi. En los dos últimos años, han crecido un 21,2%, un ... aumento empujado por la entrada en vigor a finales de marzo de 2023 de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Y esa normativa, entre otras cosas, está detrás de que la comunidad autónoma sea la que «menor tasa de pobreza y exclusión» tiene a nivel estatal.
Así lo interpretan los Socialistas Vascos, que han solicitado la comparecencia en el Parlamento de Vitoria del consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para analizar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada el lunes por el INE. El vicehelendakari ha destacado que ese 14,8% de residentes en la región que están en una situación complicada han descendido «por tercer año consecutivo», lo que ha provocado que el País Vasco «se va quedando cada vez más solo» entre las autonomías con porcentajes de pobreza más bajos.
Entiende el consejero que son «múltiples factores» los que han contribuido a la disminución de la tasa Arope, que además de los ingresos tiene en cuenta otros aspectos como las carencias materiales severas y la baja intensidad laboral. Ha citado «la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones...», y también haber construido «un sistema de protección social fuerte y robusto», una «apuesta importante» como es la RGI, «referente y una herramienta efectiva para la reducción de la pobreza».
Recursos y capacidades
La nueva ley de hace dos años supuso un «cambio de paradigma», con un «incremento» tanto en las cuantías como en los beneficiarios, cubriendo a más «familias con menores a cargo y monoparentales, pensionistas, personas refugiadas, víctimas de violencia de género y trata...». El 63% de los perceptores de la RGI, en cualquier caso, son unidades de convivencia unipersonales. Torres ha incidido en que «no podemos dejar que la exclusión o falta de oportunidades vuelvan a nuestro seno», y ha asegurado ser consciente de que «la brecha de la desigualdad existe», que supone «una gran preocupación».
En un contexto, ha dicho, en el que «soplan vientos reaccionarios», ha llamado a «reafirmar el compromiso» con una sociedad «justa y democrática». La «finalidad» de las prestaciones, ha insistido en ese sentido, «no es dar una paga mensual», sino «contribuir al empoderamiento» de quienes reciben la prestación, «dotarles de recursos y de capacidades, que se sientan útiles y puedan desarrollarse como personas».
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