Expertos en Competencia alertan que el decreto vasco de VTC es contrario al interés de los usuarios

La regulación que está prevista que apruebe el Ejecutivo vasco tiene tres pilares básicos que restringen mucho la operatividad de plataformas VTC como Uber o Cabify. En primer lugar, la obligatoriedad de tener que contratar estos servicios con un mínimo de 30 minutos de antelación. En segundo término, la imposibilidad de circular en busca de clientes y, en tercer lugar, la prohibición de estar accesibles por geolocalización. Tres condiciones «no justificadas» en opinión de los expertos y que «limitan cualquier avance en innovación y no favorecen a la sociedad».

Voces autorizadas consultadas advierten que, de partida, un acuerdo entre operadores como el que se ha alcanzado en la mesa del taxi de Euskadi -donde está representado el sector de la comunidad y las licencias actuales de VTC- podría se cuestionado por Competencia. Incluso el papel del Gobierno vasco -«que debería ser garante del interés general»-, estaría en entredicho. La regulación que se ha presentado «no supone ningún beneficio para los usuarios», reiteran.

La normativa que ultima el Ejecutivo autónoma es la más restrictiva de España y de la práctica totalidad de las capitales del mundo en las que las plataformas VTC trabajan (más de 600 ciudades). «Uber puede generar una competencia leal y eso aquí parece que nunca se ha contemplado», advierten especialistas en la materia. Y adelantan que han sido repetidos los ejemplos en los que medidas menos limitadoras han sido suspendidas por distintos agentes. En Francia, el Consejo de Estado ya vetó la precontratación de 15 minutos para los VTC de la norma que impulsó el presidente Macron, y algo más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente -«por ser contrario a la libertad de empresa»- la medida impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona de establecer en 60 minutos esa precontratación. «Es evidente, por tanto, que la norma vasca será recurrida».

Otra de las principales críticas a la regulación es la limitación a la digitalización o evolución tecnológica que supone la prohibición del uso de la geolocalización, una de las herramientas principales que usan tanto Uber como Cabify y mediante la cual los usuarios pueden comprobar dónde se encuentra el vehículo más cercano. «En plena digitalización de la sociedad, se diseña una regulación anacrónica en vez de tratar de beneficiar tanto a taxis como a VTC de las innovaciones disponibles», apuntan los expertos. En Madrid, por ejemplo, un colectivo de taxistas ha dado al paso a la geolocalización una vez comprobado que la sociedad reclama cada vez más este servicio en vez de acudir a la parada de taxis. Incluso en San Sebastián el consistorio analiza la posibilidad de incluir esta cuestión en la nueva ordenanza que está diseñando.

Donde llevan algunas semanas analizando y estudiando las medidas previstas por el Gobierno autónomo es en la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). El órgano que preside Alba Urresola se encuentra redactando un informe sobre los efectos de la regulación y trasladará también una serie de conclusiones al Ejecutivo. En enero, un estudio de la propia AVC concluyó que en Euskadi la falta de equilibrio en el mercado entre taxis y VTC acarrea un perjuicio anual de 10,1 millones de euros para los usuarios. Una mayor presencia de los vehículos de alquiler con conductor permitiría que «los precios se redujeran un 10,4%» de media por carrera, pronosticó el informe.