Eutanasia: ¿evitar el sufrimiento o acortar una vida?

El debate para regular el tratamiento al final de la vida, cuya prioridad es precisamente aliviar ese sufrimiento físico o psicológico, lleva años sobre la mesa, aunque la presentación de la proposición de ley del PSOE para despenalizar la eutanasia -ahora bloqueada por el adelanto electoral del 28 de abril- ha reavivado la esperanza de miles de personas enfermas y sus familiares que ven esta medida como la llave a lo que entienden por una muerte digna. No es menos cierto que en las últimas décadas se han producido avances, otorgando una mayor autonomía al paciente para, por ejemplo, tener la potestad para rechazar un tratamiento que alargue su vida, un hecho impensable antes de 2002, pero la libertad para decidir cómo y cuándo morir sigue fuera de su alcance.

La responsable de Cuidados Paliativos del Hospital Donostia, Maite Olaizola, lo ve a diario. Cada vez más pacientes con enfermedades crónicas e irreversibles que entran en esta unidad hospitalaria en la que inician el proceso final de su vida, incluyen en sus voluntades anticipadas que serían partidarios de recibir la eutanasia si llegara a regularse. «Son personas que saben que les quedan semanas o pocos meses de vida. Si hiciéramos una encuesta preguntando cuántos de ellos se han planteado la eutanasia o incluso el suicidio, nos quedaríamos sorprendidos», señala además en referencia a una última encuesta que sitúa en el 84% la población española a favor de esta práctica.

Pone el ejemplo de un paciente oncológico crónico que ha visto esta semana. La doctora le había ofrecido un tratamiento para controlar el dolor, pero él se sentó en el despacho con un papel en el que ponía «Ayúdame a morir». «No quería recibir ningún tratamiento que prolongase su vida y lo traía por escrito porque pensaba que no iba a ser capaz de decirlo en voz alta. La muerte sigue siendo un tabú», declara.

Según la normativa actual, el tratamiento que se administra en estos casos es la sedación paliativa, que puede ser leve o profunda, y que consiste en reducir el nivel de consciencia del enfermo para evitar el sufrimiento. «La sedación ante el sufrimiento refractario es una obligación y, además, signo de buena praxis», apunta Olaizola. «Es cierto que el objetivo de la eutanasia también es evitar que el paciente sufra, pero en ese caso la administración del fármaco provoca el fallecimiento inmediato, mientras que con la sedación es paulatino, puede durar horas pero también días». Todo depende de la perspectiva desde la que se observe, «desde cuál es el objetivo directo o desde el tiempo que tarda en hacer efecto el tratamiento», señala.

El Código Penal no deja lugar a dudas. El matiz que actualmente marca la línea entre lo legal y lo punible, con penas de entre uno y diez años de prisión, es el propósito con el que se actúa. «Es absolutamente legal suministrar un fármaco terapéuticamente justificado para evitar el sufrimiento de un paciente aunque indirectamente acelere su proceso de muerte. Sin embargo, si esa conducta está directamente encaminada al resultado de muerte, sí estaríamos dentro del Código Penal», explica Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que lanza una pregunta al aire: «¿Qué debería ocurrir cuando alguien tiene la decisión de no querer vivir, pero no puede materialmente darse muerte? ¿El Estado le tiene que obligar a vivir o debería facilitarle esa decisión, una vez que se ha constatado que es una decisión libre, voluntaria y constante?».

La ley es clara, pero en la práctica surgen dudas que los profesionales sanitarios comparten con el Comité de Ética del Hospital. La encargada de presidir este órgano consultivo es Blanca Morera y subraya que «con la regulación actual, hay casos que no se contemplan» y eso se traduce en que «hay gente que no quiere vivir y está viviendo». En este sentido se refiere a esa concepción «errónea» de la medicina «que entiende que hay que salvar al paciente por encima de todo». «Hay un punto en el que la medicina no tiene remedio y a partir de ese momento, hacer más es hacer inadecuadamente».

Esta médico psiquiatra pide abordar el debate con prudencia y responsabilidad, y advierte de que despenalizar tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, que consiste en que el personal sanitario receta un fármaco mortal pero es el paciente el que se lo administra, no supondría «la eliminación directa de personas con discapacidad o en estado vegetativo como muchos creen».

Estas tres voces que abarcan la perspectiva médica, ética y jurídica fijan como requisito indiscutible en la regulación de esta práctica que la decisión de recibir la eutanasia debe de ser solicitada por una persona capaz y consciente, y consensuada por un «equipo formado y multidisciplinar».

Subijana reitera que la decisión del paciente debe de ser «libre, inequívoca y constante», aunque apunta que la complejidad va a estar precisamente en determinar «qué garantiza que una persona es consciente de la decisión que adopta y no está determinada».

En este supuesto, Morera dejaría fuera de la práctica eutanásica a personas que lo solicitan en un estado de demencia o con trastornos mentales graves. «Debe ser requerida por una persona competente y en un estado de capacidad, que manifiesta su voluntad de morir porque considera que la vida que está llevando no merece la pena ser vivida, es irreversible, indigna y le está ocasionando un sufrimiento físico y psicológico insoportable».

Olaizola comparte además que serían necesarios filtros «estrictos» que garantizasen que «la persona entiende las consecuencias de su decisión», así como una evaluación realizada por un equipo con formación específica. «En estos casos, como en los de la sedación paliativa actual, no vale el 'a mí me parece que...'. Son decisiones muy importantes que deben ser adoptadas única y exclusivamente por el paciente, pero que deben ser consensuadas entre médicos, con el equipo de enfermería y la familia».

Para ello, reclama la necesidad de que al «esfuerzo impresionante» que está realizando Osakidetza con la formación posgrado, «se le sumara durante la carrera la formación en medicina paliativa, y posteriormente, la especialidad».

Desde las tres vertientes hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se tenga la edad que se tenga, cumplimenten las voluntades anticipadas, un documento que recoge cómo cada individuo quiere que sea su proceso de muerte si llegado ese momento su capacidad de decisión se encuentra mermada. «Construir nuestra dependencia cuando aún somos independientes», resume el jurista, quien defiende que «la idea tendría que ser respetar y materializar esa decisión».

La eutanasia empieza a estar manifestada en cada vez más testamentos vitales con el matiz de «si llega a despenalizarse». Hasta que llegue ese momento, la alternativa actual una vez en esa fase final es hacer constar el rechazo a un tratamiento que prolongue la vida y que en consecuencia, para evitar el sufrimiento, obliga al equipo sanitario a iniciar el proceso de sedación paliativa.

Desde 2004, en Euskadi se han tramitado más de 24.000 documentos de voluntades anticipadas, una cifra que porcentualmente duplica la media estatal, y que facilita considerablemente el trabajo al equipo sanitario de la Unidad de Cuidados Paliativos.

La responsable de este área en Donostia entiende que para algunas personas puede resultar incómodo pensar en su proceso de muerte, pero «cuando se llega al final de la vida tras una reflexión, la persona está mucho más relajada y serena, y como médico, saber que estás cumpliendo sus deseos es tranquilizador». En cualquier caso, matiza, este documento es válido únicamente en caso de pérdida de consciencia, «de lo contrario el paciente lo puede verbalizar en consulta o incluso cambiar de opinión».

Para el presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa la dificultad de regular la eutanasia o el suicidio asistido viene dado por la necesidad de que converjan tres valores: la autonomía y la libertad del paciente, la dignidad y el trato digno de la persona enferma y el valor que tiene la vida a nivel social. Además de la problemática para hacer encajar las piezas de un puzzle complejo, lo que riza el rizo para Subijana es que «el Estado no ha realizado todo el recorrido a hacia la aconfesionalidad». «Una cosa es respetar la diversidad religiosa y otra que el Estado tenga que hacer seguidismos de la manera en la que determinadas confesiones religiosas afrontan la vida», sentencia.

La ley presentada por el PSOE que apuesta por despenalizar la eutanasia se encuentra bloqueada por el adelanto electoral, pero para Olaizola tiene visos de prosperar. Asevera que la ha leído en profundidad y deliberado con compañeros de profesión y coinciden en que el proceso debe pasar por la petición del paciente, la valoración de otro profesional, posteriormente debatido por una comisión específica y tener un veredicto en «un plazo razonable que no se dilate más de quince días».

La presidenta del Comité de Ética, por su parte, ve «curioso» que la ley presentada por Pedro Sánchez introduzca el suicidio médicamente asistido, «pero no lo desarrolle». Morera cree que «ha habido un lío con el lenguaje», que por otro lado «es reflejo del problema que existe en la calle con estas prácticas, que no se terminan de entender correctamente». No obstante, apunta que es relevante que se permita la objeción de conciencia para aquellos profesionales sanitarios para los que la práctica eutanásica «está comprometida con sus ideales. Puedo entender las personas que están en contra de la eutanasia, pero en casos en los que la persona y la familia están sufriendo, la pregunta que me hago es ¿quién soy yo para obligar a alguien a vivir una vida que no quiere seguir viviendo?», concluye.