Erkoreka apoya «poner el foco» en los agresores machistas pero «con ponderación y respaldo legal»
Para mejorar la protección de las víctimas de la violencia sexista hay que estrechar más el cerco sobre los agresores con una «persecución sistemática y ordenada». Así lo confirmó ayer el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que en este campo reconoció que el Gobierno vasco está en sintonía con el planteamiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque matizó que siempre que se hagan las cosas con todas las garantías. Por eso, advirtió que cualquier medida que se adopte en esta dirección deberá realizarse con «mucha ponderación» previa y, sobre todo, con «respaldo legal».
El responsable autonómico subrayó que Euskadi está en condiciones de afrontar este reto porque «las víctimas están ampliamente protegidas» gracias a los «importantes avances» en este terreno logrados por los cuerpos policiales, y en especial el que está directamente bajo su competencia, como es la Ertzaintza. «Hemos avanzado muchísimo y llegado a unos niveles de protección muy elevados, a unos estándares que se homologan a los mejores europeos», insistió para mostrar su convencimiento de que, en la comunidad «ahora corresponde poner el foco en los agresores».
Medidas «sin concretar»
En un acto celebrado en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, Erkoreka afirmó que comparte el «principio general» que subyace en la iniciativa del Ministerio del Interior para reforzar la lucha contra la violencia machista y que incluye propuestas como la posibilidad de informar a las mujeres sobre antecedentes de agresiones sexistas de sus parejas. No obstante, advirtió de que estos planteamientos «hay que traducirlos en medidas y previsiones concretas que necesitan mucho tiento, ponderación y, por supuesto, un respaldo legal incuestionable». Y, según matizó, «aquí es donde todavía está por concretar el propósito del Ministerio».
Hasta ahora, reiteró, Interior «ha hablado de una intención que, genéricamente, compartimos, pero que requiere una cobertura legal firme y sólida para su materialización» y que las policías puedan aplicar las medidas que se planteen. Un respaldo legal «claro» y un amparo normativo que «hasta la fecha no existe».
