Las entidades públicas poseen siete de cada diez pisos en manos de grandes tenedores en Euskadi
15.133 alquileres están controlados por 363 propietarios con cinco o más viviendas, pero solo 1.304 pertenecen a personas físicas
De los más de 85.700 alquileres inscritos en el registro de fianzas del Gobierno vasco, 15.133 están en manos de 363 propietarios que ... tienen en su poder cinco o más viviendas. Es lo que se conoce en la nueva ley de vivienda como gran tenedor. Una figura jurídica que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sobre todo en los municipios que son declarados zona tensionada, ya que la normativa nacional hace especial hincapié en el control de arrendatarios con muchas propiedades.
Y es que las localidades que cumplan con los requisitos que rige la norma para ser declaradas zona tensionada, tendrán la capacidad de limitar las subidas de precio de estos pisos de manera directa. Para ello deberán atender al índice de precios de referencia, un indicador en el que la Diputación de Bizkaia sigue trabajando. Además, la ley permite a los inquilinos a los que se les acaba el contrato solicitar una prórroga extraordinaria para mantener las mismas condiciones.
Aunque la suma de todas las viviendas controladas por grandes tenedores puede parecer elevada –son un 50% más que las registradas en 2020–, lo cierto es que 10.872 corresponden a una decena de entidades públicas. Esto es, el 72% de los alquileres gestionados por este tipo de propietarios son controlados por el Gobierno vasco (3.490), el Ayuntamiento de Bilbao (3.380), Alokabide (3.003) o la entidad pública empresarial de vivienda-Donostiako Etxegintza (856), entre otras administraciones. Son pisos propiedad de agentes públicos, que forman parte de distintos programas de arrendamiento protegido.
¿Y qué pasa con el resto? Según la información hecha pública ayer por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu con datos de 2025, otros 2.957 alquileres están en manos de 182 empresas privadas, algunas de ellas asociadas al sector público. Por poner un ejemplo, 406 inmuebles los controla Vitalquiler, compañía vinculada en su día a la obra social de la antigua Caja Vital. Asimismo, 168 pertenecen a la Unión Temporal de Empresas Benta-Berri (UTE) y 154 a Inmocriteria Arrendamiento, ahora la Obra Social La Caixa.
Peso menor en el mercado
Lo que demuestran los datos remitidos por el Departamento de Vivienda al Parlamento vasco es que de los 363 grandes tenedores que están identificados en Euskadi, menos de la mitad, 171, son personas físicas. Controlan 1.304 pisos, el 1,52% de todos los alquileres legales que están registrados en el censo del Gobierno vasco (4,9% si tenemos en cuenta los que son propiedad de empresas). Aun así, la cifra de pisos que están en manos de personas jurídicas o físicas puede ser mayor. El informe elaborado por el área liderada por el consejero Itxaso aclara que el Ejecutivo autonómico «no dispone» de información sobre «la titularidad de todas las viviendas de la comunidad autónoma puesto que los catastros no tienen carácter público». Los datos sólo hacen referencia a los contratos que tienen una fianza depositada en el registro oficial.
En cuanto a la ubicación de los arrendamientos es dispar. Los alquileres están repartidos por toda la comunidad. En el caso de Bilbao, las entidades públicas controlan 4.184 pisos; las empresas privadas más de 400 y las personas físicas 350. En cualquier caso, cuántos grandes tenedores operan en Euskadi es un dato que baila según la fuente consultada.
El Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, enumeró en su plan de acción remitido al Gobierno vasco un total de 730 empresas y particulares con cinco o más propiedades en el municipio. Casi el doble que la cifra desgranada por el área de Vivienda. La diferencia reside en que el Consistorio obtuvo los datos del catastro, controlado por las diputaciones.
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