Bilbao cuenta con 730 empresas y particulares que gestionan cinco o más viviendas

La edil socialista ha afirmado que uno de los objetivos de la zona tensionada es precisamente ese: «colaborar» con los grandes tenedores para que «saquen sus viviendas al mercado» y aumentar así la oferta disponible. La intención, según ha manifestado la responsable municipal, es primero identificar a los que más viviendas tienen -aquellos que poseen once o más- y después analizar «por qué no las tienen en alquiler». La principal finalidad será «ofrecer opciones» para que pongan sus inmuebles en el mercado inmobiliario, pero si hacen caso omiso, el Ayuntamiento no descarta en última instancia aplicar el canon de vivienda vacía, un gravamen de 10 euros por metro cuadrado que aprobó el Ejecutivo autonómico por decreto en 2021 y que permite a los consistorios penalizar fiscalmente a los propietarios que tengan más de dos años su casa sin habitar.

Díez ha comparecido ante los grupos de la oposición para explicar las acciones que el Ayuntamiento llevará a cabo en los próximos tres años, una vez el Gobierno vasco apruebe la solicitud remitida por el gobierno municipal para que toda la ciudad sea declarada zona tensionada. El objetivo es «mitigar la presión inmobiliaria que sufren las familias por los altos precios de los alquileres», a sabiendas que la declaración «no va a solucionar en sí misma el problema de la vivienda». En la última década el precio se ha disparado por encima de los 930 euros en la localidad.

Según los cálculos hechos por el Consistorio, los hogares reservan, de media, el 30,24% de sus ingresos al pago de la renta. El distrito que más se aprieta el cinturón para cumplir con la mensualidad es el de Begoña. Allí las familias destinan el 34,4% de su salario a la vivienda. El que menos, el distrito de Abando. Los cálculos hechos por el Ayuntamiento apuntan que en los barrios de Abando e Indautxu, el esfuerzo económico cae hasta el 22,60%.

Las condiciones que marca la ley para intervenir el mercado son las siguientes: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos superen el 30% de los ingresos familiares o que la vivienda se haya encarecido en cinco años tres puntos por encima del IPC. ¿Por qué entonces el Ayuntamiento controlará también los precios en el distrito de Abando? En pocas palabras, porque se ha tomado en cuenta la media de la ciudad y no el impacto por distritos. Díez ha defendido que se ha «considerado su inclusión porque las dinámicas del mercado afectan» en todas las zonas.

El plan de acción está compuesto por 14 estrategias y 40 acciones. Entre ellas, la construcción de 1.090 viviendas (890 impulsadas por el Gobierno vasco) y 200 nuevos alojamientos dotacionales; la cesión de suelo al Ejecutivo autonómico para la movilización de al menos 400 pisos más a medio plazo; el impulso a la colaboración público-privada para la creación de 158 alquileres asequibles y la movilización de al menos 400 viviendas que se encuentran vacías.

El Ayuntamiento también contempla hacer un mapeo de las parcelas y los suelos para conocer el estado de cada uno de ellos; incentivar la segregación de grandes pisos o establecer medidas fiscales para estimular la VPO y la rehabilitación de inmuebles, entre otros.