Urkullu urge a Educación a «aclarar» las polémicas adjudicaciones a la empresa de un asesor

El jefe del Ejecutivo autonómico admitió su «preocupación al leer la noticia» que ayer desveló en exclusiva EL CORREO. Fue tajante al ser cuestionado por la oposición acerca de la polémica por la adjudicación de licitaciones de rutas escolares a la empresa que administra un asesor de la consejería. «El Departamento de Educación ofrecerá toda la información», aseveró. Se refirió en estos términos a la concesión de quince contratos por valor de cuatro millones de euros a Autobuses Urpa S. L. Un miembro de su consejo de administración y secretario del mismo, Joanes Labayen, que también es marido de la presidenta del Parlamento, la jeltzale Bakartxo Tejeria, asesoró al Departamento en la negociación con los transportistas posterior a la adjudicación de las rutas por la vía ordinaria.

Bildarratz salió también al paso de las críticas y aseguró que «no hay conflicto de intereses», ya que el asesor fue contratado después de que se resolvieran los concursos para asignar los itinerarios escolares. Por tanto, apostilló, «no hay la más mínima relación entre la adjudicación de las rutas y la contratación posterior de un bufete de abogados».

«Su participación no tiene nada que ver con el proceso de la licitación ni con la adjudicación de las rutas (...) Todos los pasos dados por el Departamento han contado con pleno respaldo y soporte jurídico», aseguró. Lo que no aclaró el consejero es si sabía que Labayen tenía vínculos empresariales con una empresa concurrente. Fuentes de su equipo aseguran que lo desconocía.

La polémica traspasó las paredes del Parlamento. En una entrevista en Onda Cero, la presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, afirmó que «hay unas reglas éticas, más allá de las legales, que limitan este tipo de participaciones, que el lehendakari siempre ha dejado muy claro y que va a seguir poniendo en práctica también en esta ocasión». Tras asegurar que desconocía los hechos, «como parece que lo desconocía el propio Departamento», destacó que Urkullu «suele ser muy contundente en estas cuestiones».

El primer reparto de adjudicaciones se solventó en julio. En ese concurso público, la empresa administrada por Labayen se hizo con quince contratos por valor de 4 millones de un total de 65 adjudicados, más que ninguna otra firma, al presentar la mejor oferta. Concurrió a 38 lotes; en doce de ellos, lo hizo sola. El año pasado Urpa S. L. gestionó diez rutas.

Una vez resueltas las adjudicaciones, Educación se encuentra con un serio problema: todos los concursos de Bizkaia (190) quedaron desiertos. Pasó lo mismo en 124 de los 138 recorridos alaveses y en 74 guipuzcoanos. Con el curso escolar a la vuelta de la esquina, el consejero, personalmente, recurrió al despacho Cuatrecasas en busca de «un contraste jurídico sobre la forma de garantizar la prestación del transporte escolar».

Según las fuentes consultadas, el papel de Labayen fue clave en la reunión que el Departamento mantuvo con los transportistas en Lakua el 22 de agosto. El asesor representó al Gobierno en sustitución del director de Régimen Jurídico del Departamento, Eneko Goenaga Egibar, que anteriormente trabajó en Cuatrecasas, porque estaba de vacaciones. La explicación que da la consejería es que ambos «habían preparado la reunión juntos». En el encuentro, en el que también estuvo representada Urpa S. L., Educación ofrece a las empresas prestar el servicio en las mismas condiciones que el año anterior. De lo contrario, les obligaría.

Cincuenta empresas guipuzcoanas aceptaron la propuesta; no fue así en el caso de las vizcaínas y alavesas. Educación trató de obligarlas, éstas se negaron y 7.400 alumnos de la red pública se quedaron sin autobús en la primera semana. El servicio se ha retomado después de que ambas partes llegasen a un acuerdo. Gobierno y empresas trabajan ahora en la redacción de los pliegos para la convocatoria del año que viene.