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Ikastolen Elkartea, la confederación que aglutina a 60 centros concertados en Euskadi, se ha mostrado este jueves «muy crítica» con el mecanismo introducido hace tres ... cursos por el Departamento de Educación para lograr un reparto equilibrado del alumnado vulnerable. La reserva de plazas para estudiantes desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico «no ha servido» para reducir la segregación escolar, han denunciado las ikastolas.
Responsables de Ikastolen Elkartea han comparecido en Vitoria para hacer una valoración de los últimos tres cursos. Nekane Artola, presidenta de la entidad, y Unai Mendizabal, secretario del Consejo Rector, se han mostrado alineados con el objetivo del Gobierno vasco de alcanzar una matrícula más inclusiva, pero creen que la receta es errónea. «No se está respondiendo a la segregación de una manera estructural», señalan.
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En el origen del problema se encuentra la manera en que Educación detecta qué alumnos son vulnerables. Cuando van a realizar la inscripción, las familias rellenan un test en el que indican cuestiones como el número de libros y de dispositivos electrónicos que hay en el hogar o si tienen cuenta de Netflix, entre otras cosas. Ikastolen Elkartea cree que no es una medida «adecuada» y que los datos «no son fiables». Por ello, proponen basarse en datos «objetivos», como la renta familiar y no fiarlo a la información que aporta cada familia «por voluntad propia». También plantean «repensar» las zonas en las que se distribuye el mapa escolar y crear oficinas municipales de matriculación, que acompañen y asesoren a las familias en el proceso.
En relación con esto, también han cargado contra Educación porque, aseguran, no les envía los alumnos que les corresponden durante la matrícula viva (es decir, los estudiantes que llegan con el curso iniciado). Es el departamento quien distribuye a estos escolares, y el reparto dista mucho de ser equilibrados. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el curso pasado en Bizkaia el 77% de los nuevos alumnos (la inmensa mayoría, extranjeros y vulnerables) fueron derivados a la red pública en Primaria e Infantil. En Secundaria, el 60% se redirigió a la red concertada católica. Las ikastolas apenas acogieron al 4,5% del total.
A juicio de Ikastolen Elkartea, este reparto no se realiza con criterios «claros y transparentes» e incluso han señalado que se hace de forma «interesada» para perjudicar a su red educativa. En lo que respecta a sus centros, se han comprometido a instaurar un sistema de becas propio en cada ikastola a partir del próximo curso para atender a estos alumnos y a poner en marcha medidas de euskaldunización.
Más allá del cupo, las ikastolas también denuncian las formas de Educación. Le acusan de «limitar» el número de plazas que pueden ofertar. Son decisiones «unilaterales» que han llevado a cabo «sin justificaciones sólidas». «Como consecuencia, la capacidad de matriculación de las ikastolas se ha visto perjudicada», lamentan.
Es la segunda vez que la confederación critica de forma pública el mecanismo de admisión del alumnado. Hace dos cursos denunció que se impedía a familias matricularse en algunas ikastolas e incluso llegaron a inscribirlas en sus centros, en contra del criterio de Educación. El conflicto se saldó con una multa de 140.000 euros a una ikastola de Gipuzkoa por irregularidades en la matriculación.
La comparecencia de Ikastolen Elkartea se ha producido poco después de que Educación haya anunciado que el 95% de las familias que han participado en el proceso de matriculación para el próximo curso en el aula de 2 años han obtenido plaza en el centro educativo que deseaban. «Es un dato que habla de normalidad y refleja el buen funcionamiento del sistema, incluso en un contexto de creciente complejidad», ha afirmado la consejera.
Begoña Pedrosa ha anunciado, además, que plantearán «nuevas medidas y ayudas para abordar la segregación y garantizar la calidad y la equidad en el sistema educativo», como parte del proceso que busca alcanzar un pacto social contra la segregación que implique a partidos políticos, sindicatos, agentes educativos, ayuntamientos...
La consejera también ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia en la matrícula. El proceso «se ha desarrollado con criterios claros, comunes y transparentes para todos los centros, como marca la ley», ha indicado. Criterios que garantizan, ha dicho, «que todo el alumnado -también el que llega fuera de plazo o en situación de vulnerabilidad- tenga acceso a una educación de calidad, inclusiva y en igualdad de condiciones».
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