La falta de acuerdo en las tarifas del transporte amenaza el inicio del curso en la red pública

Las compañías de transporte escolar aseguran que no están dispuestas a trabajar a pérdidas y reclaman un incremento de las tarifas de entre un 35% y 40%, según el tipo de vehículo. Manifiestan que se basan en los datos que ofrece el observatorio de costes del Ministerio de Transportes que establece esos porcentajes como el incremento interanual de junio de 2021 a junio de 2022 en los costes. Por debajo de esa subida en las tasas afirman que en la mayoría de los itinerarios pierden dinero y no pueden asumir los gastos. «El Gobierno vasco nos ha planteado una subida del 6,1%», afirma Juan Manuel Sierra, director de relaciones institucionales de Direbus Euskadi e interlocutor de las cuatro asociaciones vascas –Direbus, Aundi, Agrupación alavesa de transporte y Asintra Euskadi– que están en las negociaciones. «Es una diferencia que está muy alejada de la realidad del aumento de costes. Nos han dicho que era materialmente imposible subir más. Y lo que dice el sector es que la mayoría de los operadores no pueden asumir un servicio por debajo de costes».

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Si no se alcanza un acuerdo con el Ejecutivo autónomo, mañana los estudiantes, y sus familias pueden encontrarse con el problema de cómo ir al colegio. «Está en juego el continuar con un servicio esencial y estamos muy preocupados», manifiesta Sierra. «Lo que no quieren los operadores es decir ahora sí y dentro de tres días decir que no les llega para pagar a empleados o para hacer frente a las facturas. Antes de eso prefieren tener los autobuses parados porque es la única manera de no perder dinero». El cierre del curso pasado supuso, según Sierra, que las compañías de transporte escolar que atienden la red pública asumieran los incrementos de los precios.

El 15 de julio las asociaciones de transporte escolar se pusieron en contacto con Educación para intentar buscar una solución. La última reunión se mantuvo el 24 de agosto y la comunicación más reciente, cuenta Sierra, llegó por email el pasado lunes, «con confirmación de lectura». «Una vez más nos ponemos a su lado para solucionar un problema que no han creado los operadores, sino la propia consejería y que siguen sin solventar», concluye Sierra, quien espera recibir una llamada hoy mismo para poder atajar el problema. «Somos conscientes del daño que puede ocasionar a las familias, entendemos nuestro trabajo como un servicio esencial, pero no podemos estar perdiendo dinero al trabajar como sucedía al final del pasado curso».