El dilema inmobiliario de las monjas de Belorado: quién es el propietario real del convento

Desde hace dos semanas, Roma decidió intervenir y nombró una comisión para reconducir la situación e instar a las religiosas y los pseudocuras a abandonar un bien que, pese a que dicen es propiedad de las monjas, la realidad es que al abandonar la fe conciliar y abjurar de la jurisdicción romana, pasa de propiedad de la comunidad a ser un bien de la Federación de Clarisas.

Es cierto que mientras existe la comunidad de religiosas católicas sujetas por el voto de obediencia al Papa, más allá de su propia congregación, la congregación -no las monjas una por una- son propietarias del convento. Allí siguen con sus directores espirituales, Pablo de Rojas y José Ceacero.

De hecho, tras la consulta realizada al Registro de la Propiedad de Belorado, consta aún que la propiedad del monasterio de Belorado es de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, con el 100 % del pleno dominio. El cenobio fue adquirido por inmatriculación en virtud de un documento privado de fecha de inscripción 22 de octubre de 1969.

Como consecuencia de esto, si las religiosas abandonan la orden que tiene un «número de registro, es decir están identificadas con un nombre concreto y un número fiscal», dejan de pertenecer a la congregación que está acogida bajo la jusrisdición canónica de su Orden y de Roma, «pueden perder la condición de ser monjas de esa congregación, que seguirá siendo la propietaria».

En este caso, esa congregación, adscrita a la Federación de Clarisas de Arantzazu, «si así lo establecen sus estatutos, podría ser la propietaria del monasterio», aseguran estas fuentes.

La ficha registral indica que el monasterio está situado en el extrarradio de Belorado denominado Santa Clara, compuesto como un todo. Tiene una parte «conventual con clausura papal mayor, iglesia, casa de capellán y casa de mandadera, con otros elementos urbanos para despensas, graneros y una huerta interior tapiada toda ella de pared propia de la finca, y una huerta exterior tapiada de pared por el aire norte solamente estando el sur y el oeste recogida entre los edificios conventuales y por el este de toda esta a camino público».

El convento propiamente dicho tiene también un patio interior como un solo conjunto. Las huertas tienen una extensión superficial de 12.712 metros cuadrados y 1.680 metros cuadrados. El convento tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados y consta de planta y dos pisos. Y la iglesia tiene una superficie edificada de 300 metros cuadrados y consta de una nave.Las casas contiguas tienen una superficie aproximada de 190 metros cuadrados y constan de bajo y dos pisos.

Y así parece ser. «El Arzobispado, en ningún caso, es propietario de ese bien», recuerdan las mismas fuentes. En todo caso, «y como ha así ha sido nombrado, don Mario Iceta es un administrador de los bienes por orden del Papa», recuerdan.

Una Comisión Pontificia que cuando acudió al monasterio de La Bretonera para reclamar, vía notarial, que las religiosas debían acudir al Tribunal Eclesiástico, fueron echados y las religiosas y los supuestos directores espirituales sólo admitieron a la notaria de Belorado.

Los supuestos cura y obispo confunden «el orden canónico, el orden civil y los acuerdos Iglesia Estado», aseguran fuentes jurídicas. Y es que la jurisdicción civil «no está por encima de la canónica, sino que son complementarias». Y por encima de ellas está el Concordato de España con la Santa Sede que «regula» todo lo que tiene que ver con el ámbito católico y el civil.

La realidad es que Ceacero y De Rojas han proclamado una máxima que es cierta solo a medias. Las religiosas de Belorado, como cualquier ciudadano, se deben regir por la ley civil. Has ahí todo correcto. Hasta el 13 de mayo, fecha en la decidían adherirse a al Manifiesto Católico que auspicia De Rojas, regía el código de Derecho Canónico, «que debe seguir rigiendo porque no han declarado personalmente que dejan de ser católicas», indican las fuentes.

Por consiguiente, si no hay una declaración personal, la ley se mantiene e Iceta tiene la potestad de pedir a las monjas, una por una, que exprese su voluntad. Al asegurar que abandonan, que ya no son clarisas de la Federación, serán comunidad, pero no de aquella que tiene la propiedad por ser fiel a la orden.