El Defensor del Pueblo incorpora seis figuras vascas a la investigación sobre abusos en la Iglesia

Nacida en Madrid, su trayectoria está ligada al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) desde hace décadas como doctora investigadora permanente. Presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, es una de las fundadoras de la asociación de acogida Betania, que nació en 2019 como el primer colectivo que presta apoyo a los afectados por abusos ejercidos por religiosos. En su solvente currículum, marcado por su especialización en procesos de justicia restaurativa, hay varias investigaciones sobre pederastia vinculada a la Iglesia, entre ellas el informe más completo hasta el momento desarrollado en España, liderado también por Josep M. Tamarit, de la Universitat Oberta de Cataluña, y Noemí Pereda, de la Universitat de Barcelona, que forman parte asimismo de la comisión del Defensor del Pueblo.

Los resultados pusieron de manifiesto que los abusos que se han producido en todo el país durante décadas en el seno de la Iglesia «eran de carácter grave, con entre un 30 y un 50% de casos con penetración y prolongados en el tiempo», y que causaron un «profundo y duradero» daño a las víctimas. Asimismo, éstas sufrieron una respuesta institucional tendente a «ocultar, silenciar, confundir y, en ocasiones, culpabilizarles».

La también profesora de Victimología y Política Criminal en la Facultad de Derecho de San Sebastián fue además la persona elegida por el Obispado de Bilbao para que asumiera la investigación de los abusos en la Santa y Real Casa de Misericordia, si bien no pudo asumir esa tarea y la delegó en una colaboradora del IVAC.

Además de Varona, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología, cuatro vizcaínos forman parte de este grupo de expertos externos. Dos de ellos son juristas. Xabier Arzoz Santisteban, exletrado del Tribunal Constitucional, es catedrático de Derecho Administrativo de la Uned y fue también profesor de la UPV/EHU. El bilbaíno cuenta con una dilatada trayectoria en la que ha compaginado su labor docente con la investigación.

El segundo es Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), donde dirigió el Departamento de Derecho durante casi una década. El de Getxo se formó en Deusto, fue profesor en la UPV/EHU y también juez 'ad hoc' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La psicoterapeuta Araceli Medrano Samaniego aportará su conocimiento en el ámbito del trato con las víctimas, ya que ejerce en una consulta privada especializada en mujeres que sufren violencia de género y afectados por abusos sexuales. Además, esta doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco es profesora de la Uned y del Máster de Intervención y Mediación Familiar de Deusto.

La quinta, Ana Laura Zugaza, es diplomada en Magisterio y licenciada en Psicología y Teología. Desarrolla su labor docente en el IES Bertendona de Bilbao y es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas. También fue vicepresidenta del Consejo Diocesano vizcaíno, órgano consultivo integrado por seglares que asesoran al obispo en el gobierno de la Diócesis. Otro de los nombres más conocidos en la comisión es el de Leticia de la Hoz, abogada por la Nunciatura Apostólica. La asturiana ejerció la acusación particular en el 'caso Gaztelueta', centro educativo de Leioa en el que un profesor numerario del Opus Dei abusó de un alumno entre 2008 y 2010, y es socia fundadora, junto a los padres del menor, de la asociación nacional Infancia Robada.

De forma paralela a la comisión, el Defensor del Pueblo ha creado un Foro de Asociaciones y una Unidad de Atención a las Víctimas. Los afectados pueden ponerse en contacto, presencialmente, por teléfono (900 111 025), por correo (Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42. 28010) o a través de email (atencionvictimas@defensordelpueblo.es).