Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
El Tribunal de Cuentas la considera «responsable» del perjuicio económico al Ayuntamiento, a través de una cuenta con la que realizaba transferencias
Ana Cobo
Jueves, 9 de octubre 2025, 10:45
La exinterventora de Noja deberá devolver al Ayuntamiento 725.404 euros por el desvío de fondos públicos a través de una cuenta bancaria, que abrió ... a nombre del Consistorio para efectuar operaciones no justificadas y de la que solo ella era conocedora. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Irene. L. D – funcionaria interina en la Administración nojeña desde octubre de 2017 hasta abril de 2021 – a reintegrar dicha cantidad, más el pago de los intereses y de las costas, por considerarla «responsable contable directa» del perjuicio económico que provocó al Consistorio entre los ejercicios 2019 y 2021. Contra esta sentencia, que se hizo pública ayer, se puede interponer un recurso de apelación.
La exinterventora se enfrentaba a dos demandas del Ayuntamiento, tramitadas en vías independientes, por irregularidades en la gestión financiera municipal. Por un lado, se la denunció ante el Tribunal de Cuentas, que acaba de emitir el fallo de condena, pero aún se está pendiente de que el Tribunal de Instancia Número 1 de Santoña decida si la procesa por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental por los que está imputada. La causa, que también investiga transferencias de esta funcionaria cuando fue tesorera del Ayuntamiento de Santa Cruz Bezana de una cuenta municipal a su hermana por importe de 50.000 euros, actualmente sigue abierta.
La situación de la antigua funcionaria se complica tras considerar probado el Tribunal de Cuentas que abrió una cuenta bancaria en enero de 2019 en la entidad Bankinter de Castro Urdiales a nombre del Ayuntamiento de Noja. En el contrato figura la firma de la demandada – sello de la Intervención municipal –y una segunda rúbrica del entonces alcalde, Miguel Ángel Ruiz, «cuya autenticidad es negada por éste y está siendo objeto de investigación en la causa penal».
En cualquier caso, la resolución recoge que la exinterventora era «la única persona que conocía la cuenta y la única que efectuó operaciones en ella». Por otro lado, la demandada también asumió «personalmente, el control de otra cuenta del Consistorio de Noja, abierta en el BBVA, en la que se recibían los fondos procedentes de la participación en tributos del Estado», aduciendo que, «al tratarse de una cuenta cuya única finalidad era recibir ingresos, no era necesario que fuese gestionada por la Tesorería municipal».
Durante el periodo de enero de 2019 a abril de 2021, según la sentencia, la interventora realizó numerosas transferencias, ingresando principalmente dinero de la cuenta del BBVA a la del Bankinter, por un importe de 2,5 millones de euros, que se fueron, a su vez, retirando en distintas operaciones. El Tribunal de Cuentas diferencia, eso sí, entre las operaciones que no causaron daños a los fondos públicos al estar justificadas documentalmente – ascienden a 1,8 millones – y las que sí ocasionaron perjuicio a las arcas municipales carentes de justificación por valor de 725.404, teniendo en cuenta que restituyó parcialmente 16.000 euros, con posterioridad a los hechos investigados.
Es reseñable que realizó numerosas transferencias a una cuenta a nombre de su madre por un importe total cercano a los 446.000 euros de dinero público, sin que constase que el Ayuntamiento hubiera recibido ninguna contraprestación que justifique el pago. También desvió 294.464 euros de fondos municipales para cubrir un pago relacionado con una subasta judicial en la que participaba a título personal. El Tribunal de Cuentas considera probado, igualmente, que no incluyó en la contabilidad municipal la cuenta bancaria de Bankinter ni reflejó en dicha contabilidad las entradas ni las salidas de fondos de esa cuenta.
El Ayuntamiento de Noja trasladó al órgano fiscalizador las irregularidades en la gestión financiera municipal detectadas entre 2019 y 2021 y, tras las diligencias previas, el Consistorio presentó la demanda formal el 11 de enero de 2024, con el apoyo del Ministerio Fiscal.
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