Completo

La directora general de Turismo de Baleares, Pilar Carbonell, niega tajantemente que la medida, revolucionaria y sin precedentes a nivel mundial, suponga un rechazo a los turistas. «Lo primero que hay que decir es que no se va a actuar en las fronteras ni aeropuertos impidiendo entrar a los viajeros. Y otra cosa muy importante: nosotros no limitamos turistas, limitamos el número de plazas turísticas. Vivimos de los visitantes, son nuestra principal industria y son muy bienvenidos. Pero tenemos que poner un techo porque somos una isla, un territorio limitado con recursos limitados, y no podemos seguir creciendo en los meses punta. La intención de esta ley es proteger nuestro destino, porque lo que queremos es poder dar satisfacción a visitantes y turistas durante muchísimos años, y entendemos que no podremos hacerlo si hay una saturación».

623.624. Ni una más. Es el número tope de camas fijado por el Gobern en hoteles, campings, villas, pensiones... ¿Y de dónde sale esta cifra? Sencillamente, de sumar los alojamientos legales existentes a una ‘bolsa’ disponible fijada hace ya dos décadas en unas 50.000 plazas. Cada una de las que se adquieran a partir de ahora de esta bolsa costará 4.500 euros; cuando se llegue al techo, no habrá más licencias.

El Gobern ha establecido también una moratoria en la concesión de licencias de un año, el tiempo que tardará en redactar un Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) basado en la presión humana, recursos, territorio, etc, que podría determinar que esa bolsa disponible fuera menor, o incluso desapareciera.

Para José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que representa a 23 de las más importantes empresas del sector en España, la ley está «en la buena sintonía, aunque habrá que ver luego cómo es el reglamento y la letra pequeña». «Desde hace unos años venimos alertando de que España está teniendo unos crecimientos inesperados de llegada de turistas extranjeros, que se corresponden con desgracias que están atravesando destinos turísticos del entorno mediterráneo y capitales como París, Londres o Berlín», advierte. «No nos podemos acostumbrar a estas tasas de crecimiento, que no son naturales ni vegetativas y que en algunos lugares de España empiezan a no ser sostenibles. En temporada punta, en Barcelona y algunos lugares de Baleares ya no cabe ni un alfiler. Tenemos que pararnos a reflexionar sobre las expectativas y modelos de crecimiento para analizar los límites de la capacidad y la sostenibilidad de las estrategias turísticas vigentes», expone.

Mientras las plazas hoteleras han aumentado más moderadamente, en los últimos cinco años Baleares ha sumado unas 70.000 viviendas vacacionales reguladas, calcula la consejería de Turismo. «Así no podemos seguir creciendo», zanja Pilar Carbonell. Máxime cuando, en paralelo, la oferta ilegal se ha multiplicado de manera exponencial, sobre todo los dos últimos años, impulsada por plataformas como AirBNB o HomeAway. ¿Cuántos alojamientos piratas hay en las islas? Es difícil calcularlo, porque las plataformas que los anuncian ocultan sus direcciones y algunos pisos pueden publicitarse en tres o cuatro páginas distintas. Pero las asociaciones de viviendas de turismo vacacional, que sufren su competencia, hablan de unas cien mil solo en Mallorca.

Carbonell asegura que la ley que acaba de entrar en vigor da herramientas a la Administración para que quien quiera alquilar un piso turístico «se lo piense dos veces a partir de ahora». Por un lado, porque las sanciones son importantes -entre 20.000 y 40.000 euros al propietario y entre 40.000 y 400.000 a las plataformas que canalicen la operación-, y por otro porque será más sencillo demostrar que es una actividad ilegal.

Para Zoreda, ese es precisamente el caballo de batalla: el afloramiento súbito y descontrolado, en apenas seis años, de gran cantidad de alojamientos de uso turístico, casi siempre en situación irregular y de economía sumergida, con poco control de los derechos del consumidor y el amparo de las plataformas digitales que los están haciendo posibles. Y no solo porque suponga una competencia desleal, al jugar con distintas reglas que el resto de la oferta: «En estos momentos apenas hacen daño al sector porque, al haber tal demanda, hay espacio para todos», admite. Pero no siempre será así: «Esta demanda turística sobrevenida, tan intensa que cada año supera nuestras propias estimaciones, puede revertirse en cualquier momento, y esos 14 o 15 millones de turistas que, según nuestros cálculos, no son nuestros volarán a otros destinos».

es el número máximo de plazas de alojamiento de todo tipo fijado por la nueva normativa balear para el archipiélago: 435.707 en Mallorca, 109.800 en Ibiza, 60.117 en Menorca y 18.000 en Formentera.

Aún más grave que esta competencia desleal es, en su opinión, que son precisamente los pisos turísticos los que están abonando el fenómeno de la turismofobia. Según un reciente estudio de esta asociación de profesionales del sector sin ánimo de lucro, en las 22 principales ciudades españolas la oferta irregular de pisos turísticos que se comercializaba hace un año se situaba en 360.000 plazas. El total de la oferta reglada, desde la más humilde de las pensiones al camping o el hotel de lujo, no ha llegado en toda la historia de España a las 350.000 plazas. «Esto no hay negocio que lo soporte -clama-. Si hasta ahora hemos aguantado es porque la demanda que estamos recibiendo es absolutamente inusitada. Pero el que sí que no aguanta la situación es el vecino de estos barrios afectados por las viviendas turísticas, que es el verdadero germen de la contestación social y de la turismofobia».

Un empresario menorquín, que prefiere ocultar su identidad, critica la hipocresía de los activistas de Arran o Ernai, colectivos juveniles de la CUP y Sortu, respectivamente, que ponen en la diana a turistas y hoteleros «mientras hacen la vista gorda al surgimiento de cientos de pisos turísticos en barrios cuyos residentes son expulsados porque no pueden acceder al alquiler que el casero les triplica para echarles, ni comprarlo porque se ha disparado su precio». Apunta este hostelero el caso del exalcalde de Premiá de Mar y actual concejal de la CUP, Joan Ribet, que alquilaba por semanas, a 750 euros, su apartamento en el pueblo mientras su organización orquestaba campañas en contra del turismo. «¿Sabe lo que ha dicho cuando le han pillado? ¡Que tiene que pagar una hipoteca!», se indigna.

Precisamente uno de los aspectos más polémicos de la nueva regulación balear es que abre la puerta a legalizar en un futuro el alquiler de pisos turísticos, hasta ahora prohibido por ley. «Entendemos que en Baleares tenemos suficiente oferta legal reglada para que nadie pierda negocio», aduce la directora general de Turismo, pero no convence en absoluto al sector turístico regulado.

Este resquicio abierto a la implantación de alojamientos turísticos en edificios plurifamiliares preocupa sobremanera al vicepresidente ejecutivo de Exceltur, aunque espera que el informe del PIAT «redunde en la conclusión de que permitirlos sería generar problemas artificiales de convivencia y alentar el rechazo al turismo». Zoreda confía en que esta posibilidad se cierre de un portazo y Baleares se convierta en un ejemplo de control para el resto del país. «Si antes nos creíamos los buenismos que amparaban a la señora María -¡cómo íbamos a impedir que pudiera sacarse un dinerín en época de crisis alquilando la habitación de los niños para llegar a fin de mes!-, con el paso de los años las señoras Marías se han convertido en miles de inversores y fondos de pensiones comprando alborozadamente pisos para ponerlos en alquiler a turistas -argumenta-. La ley balear, al imponer multas mucho más severas, manda un claro mensaje a propietarios y plataformas turísticas de que se ha terminado la broma».

También la presidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito, centra su valoración en el control de alquileres ilegales que contempla la nueva ley, «una reivindicación histórica de nuestro sector». La portavoz de los hoteleros de la isla considera «imprescindible poner veto a este tipo de alojamiento que en estos momentos se está comercializando fuera de la ley, y que, como hemos venido anunciando, está quebrando el modelo turístico a todos los niveles, tanto desde el punto de vista social como del equilibrio medioambiental y económico». En su opinión, sin embargo, la regulación llega tarde: haber iniciado el plan de sanciones y de control con mucha más antelación «hubiera evitado los problemas que se están dando ahora».

A los miles de vecinos de Baleares que tienen en el alquiler vacacional una fuente de ingresos tampoco les ha gustado la nueva normativa, porque establece una moratoria de un año a las nuevas licencias y «deja fuera más del 80% de la oferta actual con las restricciones que presenta», según señala el presidente de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada en Baleares (Aptur-Baleares), Joan Miralles.

Para terminar, Zoreda echa en falta que las autoridades apliquen la misma línea restrictiva a la llegada de cruceros, que generan avalanchas de miles de turistas. Y apunta otra discrepancia con la nueva normativa: «Quedan todavía en Baleares unas decenas de miles de plazas hoteleras aún por adjudicar, y sin embargo la ley, tal como está redactada, equipara la capacidad ‘alojativa’ en pisos y hoteles. Es un craso error, no por defender al hotelero sino porque es de sentido común que se adjudiquen preferentemente al tipo de alojamiento que genere mayor derrama económica y social, más empleos e impactos multiplicadores». La polémica es más que una tormenta de verano.