Una visión miope
No todo el mundo tiene en la cabeza lo mismo cuando hablamos de democracia. En un proyecto en el que participé hace unos años comprobamos ... que la mayoría de la ciudadanía europea no compartía cuáles eran las condiciones necesarias que se tenían que cumplir en un país para calificarlo como democracia plena. Tampoco ordenaban de la misma manera cuáles eran los atributos más valiosos que había que conservar. En España, por ejemplo, la dimensión más importante de la democracia según los ciudadanos está relacionada con su capacidad de producir resultados que mejoren la vida. La mayoría estima que la democracia tiene la obligación de crear bienestar a los ciudadanos. Por eso nuestra valoración de la calidad de la democracia está más relacionada con el contexto económico que con el funcionamiento del Estado. Cómo se alcance ese bienestar es lo de menos. Si el proceso no respeta las reglas establecidas para todos o si por el camino alguien, político o no, consigue un beneficio particular haciendo trampas, el escándalo se matizará si existe la percepción de que hay beneficios para todos.
Ocurrió con la corrupción local en los años dorados de la burbuja inmobiliaria. Se hicieron varios estudios en municipios de la costa andaluza y mediterránea para entender por qué volvían a ser reelegidos alcaldes implicados en casos de corrupción y cuáles eran los motivos por los que más tarde perdían apoyo electoral. Una de las conclusiones más interesantes situaba el modelo del reparto del botín como la variable explicativa más potente para justificar por qué muchos ciudadanos no castigaban la corrupción.
Mientras duró la burbuja inmobiliaria, había mucho botín que repartir en forma de nuevas infraestructuras locales, nuevos puestos de trabajo bien remunerados en la construcción o recalificaciones de suelo rústico que afectaban a una importante parte de la ciudadanía. El constructor, el político o el partido podían llevarse su parte siempre y cuando también hubiera para repartir entre todos los del pueblo. Cuando pinchó la burbuja y ya no había tanto botín para repartir, los partidos o los alcaldes implicados en casos de corrupción fueron castigados electoralmente.
A mí particularmente, el espionaje a los políticos de partidos independentistas me parece un escándalo que no tiene cabida ni justificación en una democracia. Ni se puede permitir que haya una parte del Estado fuera del control de la voluntad popular expresada por el Parlamento y el Gobierno que se forma a partir de éste. Considero sano, urgente y necesario para la cultura democrática que se pidan explicaciones y responsabilidades políticas por estos hechos. Pero me temo que la idea de democracia de la mayoría de la ciudadanía española tiene que ver más con los fines que con el respeto a los medios. En ese sentido iban parte de las explicaciones de la ministra de Defensa para justificar el espionaje a adversarios políticos internos. El Estado puede dar la espalda a las garantías democráticas si es para conseguir un bien mayor del interés de la mayoría de la ciudadanía.
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