Urkullu defiende la nueva ley de educación frente a la que aprobó el PP porque «impone el castellano»

Al lehendakari nunca le gustó la ley de educación que aprobó el PP durante el mandato de Mariano Rajoy y que tomó el apellido del ministro José Ignacio Wert. Fue especialmente crítico cuando salió adelante hace siete años y hoy ha vuelto a serlo en el Parlamento vasco a cuenta de la tormenta política que se ha generado en torno a la nueva norma impulsada por el Gobierno PSOE-Podemos. Urkullu ha defendido la 'ley Celaá' asegurando que «mejora a la anterior aunque no haya consenso» y que permite a las comunidades recuperar autonomía para implantar sus sistemas educativos. Entre otros asuntos, el líder del Ejecutivo ha reprobado que la ley de educación que sigue en vigor «impone el castellano».

La 'ley Celaá' fue aprobada en el Congreso la semana pasada por un único voto. Debe superar aún el trámite del Senado y volver al Congreso, pero se ha convertido ya en un tema de confrontación política de primer orden y está generando una oleada de movilizaciones que encabezan PP y Vox junto a la red concertada. Principalmente, denuncian que la reforma educativa «arrincona» a la concertada, «lamina» los centros de educación especial y «ataca» a la lengua española porque no se establece como lengua vehicular.

Así lo ha recordado hoy Carlos Iturgaiz durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, en la que ha reprochado al lehendakari el «mal gusto» del PNV al apoyar la aprobación de una norma «que no les gusta y que el Gobierno vasco va a intentar evitar». «Aprueban para Lugo o Valencia lo que no quieren aquí», ha insistido el presidente de los populares vascos.

Iturgaiz pedía explicaciones a Urkullu después de que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, asegurara el pasado viernes que la 'ley Celaá' tendrá un impacto «nulo» en la comunidad concertada vasca. Un intento por capear el temporal y el anuncio de movilizaciones del sector. La nueva norma prohíbe el pago de cuotas a través de sus fundaciones y se acaba con la cesión de suelos públicos para construir nuevos colegios de este tipo. Además, se prioriza la cercanía al domicilio de residencia, una novedad que, según denuncian varias asociaciones y partidos, «acaba con la libertad de elección».

El Gobierno vasco inyectó el pasado martes 40 millones de euros a la red concertada. Urkullu lo ha recordado este viernes antes de hacer una cerrada defensa de la nueva ley de educación. Vamos a mejor aunque no suscite unanimidad, como no lo ha hecho ninguna reforma previa, ha venido a decir. «Nos permitirá desarrollar nuestro sistema educativo sin trabas». Entre otros asuntos, el lehendakari ha recordado que la 'ley Wert' «iguala a la baja» el sistema de becas -el Gobierno de Rajoy denunció la situación ante el Constitucional y limitó la capacidad de Lakua- e «imponía» las reválidas.

El lehendakari ha denunciado que la extinta LOMCE aprobada por el PP también trató de «limitar» los contenidos del currículo propio del sistema educativo vasco, así como «condicionar» el modelo de enseñanza de Euskadi. Todo ello, ha censurado, «sin contar» con el Gobierno vasco, que es la administración a la que «corresponde» la competencia de educación.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es sacar adelante una ley propia de Educación. Se trata de un deber pendiente que el Gabinete de Urkullu ha ido posponiendo año a año. El nuevo horizonte se sitúa a finales de 2023, prácticamente al término de la actual legislatura. Según el consejero Bildarratz, la aprobación por la mínima de la 'ley Celaá' refleja que no es «un tema pacífico», por lo que serán precisos grandes consensos.