Sortu dice que el juicio de los 'ongi etorri' busca «derribar» a Sánchez

El pasado mes de abril, el juez Manuel García Castellón acordó, a instancias de la Fiscalía, juzgar a Antón López Ruiz, 'Kubati'; Carlos Sáez de Eguilaz, Felipe San Epifanio, 'Pipe'; Oihana Garmendia, Haimar Altuna y Oihana San Vicente. Los dos últimos, además, ocupan puestos destacados en la dirección de Sortu. Altuna es el responsable de la comisión para la resolución de las consecuencias del conflicto –básicamente, la situación de los presos y huidos de la banda– y San Vicente se encarga de la coordinacióninterna.

Las peticiones de pena presentadas por la Fiscalía y por la AVT y Dignidad y Justicia se elevan en algunos casos hasta nueve años de prisión. El Ministerio Público sostiene que «entre los años 2016 y 2020 la denominada dinámica 'Kalera Kalera', dirigida por los acusados, se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática alrededor de 120 homenajes. Les considera autores de un delito de constitución y dirección de organización criminal y de otro delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo.

A la espera de que se ponga fecha para el juicio, este martes comparecieron en la sede de Sortu en San Sebastián San Vicente y Altuna acompañado de su abogado, Aiert Larrarte, con un doble mensaje. Por un lado, que es una cuestión del pasado y, por otro, que forma parte de una estrategia que tiene un claro trasfondo político.

Los dos dirigentes de Sortu recalcaron que «desde el punto de vista de la convivencia, hace años que no se realizan actos públicos de recibimiento a presas y presos». «Entre otras cosas», añadieron, «porque la izquierda abertzale ha escuchado la voz de las víctimas que mantienen una actitud constructiva y porque, haciéndole caso a eso, así lo decidieron los presos» de la banda terrorista.

Pero más allá de eso aseguraron que el proceso judicial busca «obstaculizar el camino hacia la paz, la convivencia y la libertad que se está recorriendo en Euskal Herria y derribar al actual Gobierno español».

Larrarte consideró que se está pretendiendo «hacer una causa general intentando convertir la humillación a las víctimas en un concepto jurídico» y que todo el proceso tiene un sesgo político. En este mismo sentido, el letrado denunció que se trata de un caso más de 'lawfare', con el objetivo de «dañar el camino avanzado en los últimos diez años».