Uno de los procesados del 'caso De Miguel' devuelve dinero defraudado a Hacienda

Los Arruti han sido cuatro de los nueve acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía para reconocer parte de los delitos y ver así reducida la petición de penas. El empresario confesó cómo comenzó a hacer negocios con Alfredo de Miguel -que por aquella época era 'número dos' del PNV y diputado foral de Administración Local- porque ambos eran amigos y se conocían desde que comenzaron a militar en las juventudes del Partido Nacionalista. Relató, además, ante el tribunal cómo el antiguo dirigente jeltzale le propuso pedir una comisión a cuatro inversores catalanes que pretendían construir un megapolígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. La 'mordida' alcanzaría los 320.000 euros que Josu Arruti y Alfredo de Miguel se repartieron a medias, según su testimonio. A cambio de esta confesión, el fiscal, Josu Izaguirre, le ha rebajado la petición de condena al empresario alavés. De los 19 años que reclamaba en un primer momento, ha pasado a un año y 9 meses, lo que evitaría su ingreso en prisión. Algo parecido ha ocurrido ahora con sus familiares. El Ministerio Público pide para su padre 9 meses de reclusión mientras que solicita la absolución de su hermana y su cuñado.

Fue la única sorpresa de una jornada en la que el resto de procesados se atuvo al guión previsto. Los principales encausados -el citado De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, a los que el fiscal describe como cabecillas de la presunta trama corrupta- elevaron unos escritos en los que defienden su inocencia y piden su absolución. Reiteran prácticamente los argumentos que defendieron en el arranque de la vista oral, según explicaron fuentes judiciales. Nada se alude a que durante varios meses sus abogados estuvieron negociando con la Fiscalía un pacto para ver reducidas las condenas de los tres y que sus parejas se libraran de entrar en prisión.

En los documentos entregados ayer, sus defensas alegan que las acusaciones realizadas por el Ministerio Público son «falsas» y que, incluso, se han introducido durante la celebración del juicio algunas pruebas de forma irregular. Sostienen que hay jurisprudencia de la propia Audiencia de Álava en contra de alguna de las formas de proceder del fiscal.

Sólo los nueve procesados que han pactado con la acusación dicen estar de acuerdo con el escrito de la Fiscalía y aceptan las penas menores y el pago de las indemnizaciones previstas.

La presentación de todos estos escritos no significa, sin embargo, que la vista oral se haya cerrado. Tanto acusación como Fiscalía deberán exponer sus argumentos a partir de la próxima semana, aunque no se descarta que pueda darse algún retraso en el inicio del juicio por, al parecer, problemas informáticos.