Los protagonistas y sus condenas

Presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. La fiscalía le señala por no haber frenado el procedimiento inadecuado puesto en marcha por la Consejería de Empleo en 2001 para pagar ayudas sociolaborales a empresas en crisis, bajo la premisa de que en su calidad de máximo responsable político del Gobierno tenía que conocer forzosamente qué se hacía con ese dinero para ayudas, algo que él niega. La tesis la comparte la acusación popular que ejerce el PP, para quien Chaves fue la «cúspide de la pirámide» señalada por la juez instructora Mercedes Alaya: nombró a los consejeros acusados, y estos seguían sus directrices.

Petición de la Fiscalía: seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días

Presidente de la Junta desde 2009, en 2013 dio el relevo a Susana Díaz para liberar al Ejecutivo del desgaste del caso de corrupción. Entre 2004 y 2009 fue responsable de Hacienda, y por tanto, debía conocer también la supuesta trama de fondos públicos destinados a ayudas sociolaborales y empresas en crisis. Para la Fiscalía, fue «consciente de la vulneración patente y grosera» de la legalidad tras las alertas dadas por la Intervención General de la Junta, pero sin embargo no cerró el grifo del dinero. En su declaración, insistió en que las alertas no fueron tales, ya que nunca se habló de menoscabo de fondos públicos; defendió que el procedimiento no impedía la fiscalización y resaltó que en Hacienda se limitaban a organizar las peticiones del resto de consejerías, por lo que no tenía que conocer «exactamente» el programa presupuestario del que salían las ayudas.

Petición de la Fiscalía: diez años de inhabilitación por prevaricación.

Contenido del fallo: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.

Consejero de Presidencia hasta 2009, cuando abandonó la Junta de Andalucía, fue la mano derecha de Chaves en cinco de sus seis mandatos. Él se encargó de dirigir y coordinar las reuniones previas a los Consejos de Gobierno en las que se abordaban los asuntos a considerar en éstos. Pero según aseguró ante el tribunal, en esos «consejillos» nunca se bajó al detalle de las cuantías económicas de cada ayuda para una empresa, ni tenía por qué conocer esas decisiones que se tomaron sobre las mismas. Así, ante el juez Zarrías minimizó el mito que le convertía en el político más poderoso de la región, a quien el PP señaló además como uno de los muñidores de esta trama por su conexión con Juan Lanzas, el ex sindicalista que medió en la tramitación de muchas de las regulaciones de plantilla sospechosas.

Petición de la Fiscalía: diez años de inhabilitación por prevaricación.

Contenido del fallo: 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Responsable de Economía entre 1994 y 2004, la Fiscalía entiende que la ex ministra de Fomento participó en la instauración del procedimiento para la distribución de ayudas, «conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, las transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento de mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones». Sin embargo, ella insistió en que nunca conoció la existencia de reparos hacia las ayudas, ya que nunca entró en detalles sobre ningún programa concreto con otros consejeros. Negó que los expedientes carecieran de fiscalización, y apuntó que las modificaciones presupuestarias –desviaciones que la Junta aplicó continuamente para solventar esas ayudas comprometidas por encima del presupuesto asignado— eran frecuentes en las consejerías.

Petición de la Fiscalía: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: 7 años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación.

Consejero de Empleo entre 2000 y 2004, a él se le atribuye el convenio marco que estableció que las ayudas sociolaborales se tramitaran mediante transferencias de financiación a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego denominado IDEA). Una herramienta que consideró ajustada a derecho por cuanto se lo pasó su equipo, a quien había pedido una «fórmula legal, ágil y rápida» para resolver los conflictos generados con el cierre de empresas en Andalucía. La Fiscalía considera que «no soporta el más mínimo análisis sobre lo que significa ser el máximo responsable de su consejería» argumentar que se limitó a firmar los papeles que le pasaban.

Petición de la Fiscalía: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: 7 años, 11 meses y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y 1 día.

Fernández fue quien, en calidad de presidente del IFA, firmó con Viera el convenio que dio lugar a esas ayudas fraudulentas, y posteriormente le sustituyó al frente de Empleo entre 2004 y 2010. Al igual que su antecesor, aludió a que no se «entretenía» leyendo los papeles que le pasaban porque confía en su equipo, limitándose a firmarlos y justificando que el IFA fuera entidad pagadora de las ayudas de muchas consejerías. Sin embargo, él mismo figuraba en uno de expedientes de regulación de empleo de una bodega en la que estaba en excedencia. A preguntas del fiscal, rechazó que alguien del Ejecutivo buscara de forma deliberada privar a los expedientes de ayuda de ningún tipo de fiscalización. «Ningún gobernante hace algo para evitar nada y en nuestro caso en ningún caso. Podemos hacerlo mejor o peor, haber tenido avisos o no de quien corresponda... Pero no es ni pensable».

Petición de la Fiscalía: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Responsable de Innovación entre 2004 y 2009, al igual que el resto de imputados se agarró al desconocimiento del detalle de la concesión de las ayudas. No obstante, la fiscalía cree que sí tenía conocimiento de los procedimientos con los que se daban esos fondos. Tampoco supo de los reparos del interventor general de la Junta, o de la existencia de alguna orden que regulara esas ayudas sociolaborales. «No le presté atención al tema porque yo estaba con 20.000 problemas», justificó. Más aún cuando el programa presupuestario para el pago de las mismas dependía de otra consejería, Empleo, pese a que el ente pagador, el IFA/IDEA, dependía de su área.

Petición de la Fiscalía: seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: 10 años de inhabilitación como autora de un delito continuado de prevaricación y absuelta del delito de malversación.

Responsable de Hacienda entre 2009 y 2013, antes fue viceconsejera de Griñán en la misma área, por lo que debía reportarle. En el juicio, insistió en que las alertas del Interventor por el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales no pasaron por su mesa, ya que era su equipo técnico quien se encargaba. Y nadie del staff que leyó esos documentos le advirtió de supuestas ilegalidades. «Nadie, ninguno de los interventores actuantes vislumbró que hubiera menoscabo de fondos públicos para advertir a la Consejería de Hacienda», únicos términos que hubieran impulsado la adopción de medidas. El Fiscal señala que hasta 12 informes tuvieron que pasar por su mesa, y considera «impensable» que no los leyera.

Petición de la Fiscalía: ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Guerrero, director de Trabajo entre 1999 y 2008, es considerado el máximo implicado en este caso de corrupción. Él fue quien acuñó la expresión de «fondo de reptiles» para referirse a la partida 31-L de donde salían las ayudas sociolaborales bajo sospecha, y que la Fiscalía sostiene que repartió sin control alguno. Desde que estalló el escándalo del presunto desvío de dinero público, el PSOE trató de ceñir sobre él cualquier responsabilidad, dado que la investigación desveló que coló a su suegra en uno de los ERE; que dio ayudas a su chofer y que éste las gastó en regalos y droga con su jefe. Aunque se negó a declarar en el juicio, y tampoco ratificó sus testimonios policiales en los que dejó entrever que Chaves conocía lo que pasaba, en su informe final cambió de estrategia y señaló que siempre actuó dentro de la legalidad dentro de un sistema dado por sus superiores, apuntando solamente al área de Empleo y desligando a Chaves o Griñán.

Petición de la Fiscalía: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Contenido del fallo: Absuelto de todos los delitos.

Manuel Gómez fue interventor general de la Junta de 2000 a 2010, y quien, según aseguró en la comisión de investigación parlamentaria, se desgañitó alertando de que había humo, o irregularidades, sin que los Bomberos (la Consejería de Hacienda) actuara, aunque en su auto de procesamiento se le reprochó que «omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en los años sucesivos». En su declaración ante el juez, matizó sus acusaciones y reconoció que, «con los ojos de hoy», es decir, una vez sabido todo, no afirmaría aquello de que las ayudas se concedieron «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido». Es más, apuntó a que se regían por una orden ministerial de 1995, señalada ya por otros encausados, por lo que las irregularidades se limitaban a simples deficiencias.