El precedente de Urkullu y su afán por blindar el decreto de anulación del 5-A

Igual que sucede ahora en Cataluña, el Parlamento estaba disuelto y la deliberación se trasladó a una mesa de partidos convocada 'ad hoc'. Pero había dos diferencias fundamentales: España entera acababa de entrar en un confinamiento domiciliario estricto que hacía inviable pensar en poner las urnas y, precisamente por eso, Urkullu logró que los partidos vascos avalasen por unanimidad su decisión de suspender las elecciones hasta que el levantamiento de la declaración de emergencia sanitaria permitiera convocarlas de nuevo, un acuerdo adoptado en paralelo en términos similares en Galicia, que había convocado sus autonómicas el mismo día.

Ahora, ni hay encierro total ni previsión de que se decrete pese a que cada vez son más los expertos sanitarios y las comunidades autónomas que lo piden. Y tampoco hay consenso político en Cataluña sobre la necesidad de posponer el 14-F. El PSC, cuyos planes de aprovechar el tirón del ministro Illa se irían en parte al traste con el aplazamiento, discrepa de una decisión que comparten, en mayor o menor medida, el resto de los partidos. De ahí que, aunque los socialistas catalanes descartan emprender una batalla jurídica, los motivos para la preocupación sean mayores dado que cualquier ciudadano puede recurrir el decreto que prepara ya la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y si esa instancia rechazase la impugnación aún quedaría la vía del Constitucional, al afectar la decisión a derechos fundamentales.

De hecho, esa fue la principal preocupación, casi obsesión, de Urkullu cuando sus servicios jurídicos prepararon el decreto para dejar «sin efecto» el 5-A. Su intención siempre fue blindarlo al máximo jurídicamente y su mayor temor que alguien –por ejemplo, Vox– pudiera recurrirlo con imprevisibles consecuencias. Por eso, no solo procuró que el consenso político fuera total, sino también que la Junta Electoral avalara expresamente el decreto, que fue refrendado además por la Diputación Permanente del Parlamento y respaldado por los correspondientes informes del Departamento de Salud. El órgano que entonces presidía Juan Luis Ibarra dio su bendición a la solución acordada al considerarla «legítima, proporcionada y conforme a derecho».

Y lo más importante: se puso especial cuidado en que los comicios quedaran formalmente anulados y no simplemente 'congelados'. Los expertos del Ejecutivo de Vitoria estimaron que la cita con las urnas no podía darse jurídicamente por «suspendida» o «aplazada», porque la «vaguedad» de esos términos hacía difícil concretar qué elementos de la convocatoria podrían mantener su vigencia y cuáles no. La dificultad para regular esos detalles sin lesionar derechos fundamentales llevó a los servicios jurídicos del Gobierno vasco a concluir que la única salida viable era «anular» la convocatoria «con la obligación de convocar una nueva», lo que suponía empezar de cero y que decayeran todas las candidaturas y coaliciones proclamadas.

Se descartó expresamente una reforma 'exprés' de la ley electoral en la Diputación Permanente y no hubo controversia sobre la composición de la mesa de partidos. Estuvieron todas las fuerzas con representación parlamentaria y también Equo, que hasta entonces había formado parte de una coalición con Podemos. En Cataluña, el PNC de Marta Pascal ya ha pedido estar en la mesa, lo que podría abrir la puerta a que otros partidos sin representación parlamentaria, como Vox, lo demanden también.