El PP llama «mafia» al PSE por las adjudicaciones a Acciona: «Todo queda en la familia Corleone»
La consejera de Movilidad censura el intento de los populares de «menoscabar la honorabilidad» del Gobierno vasco con «acusaciones sin pruebas»
La sombra del 'caso Cerdán' ha sobrevolado este viernes el Parlamento vasco en una sesión más bronca de lo habitual que ha acabado entre acusaciones ... de «mafia». El parlamentario del PP Santiago López ha equiparado al Gobierno vasco de PNV y PSE-EE con «la familia Corleone» (la protagonista de 'El Padrino') al cuestionar sus adjudicaciones públicas a Acciona, la principal compañía que está en el foco de la investigación de la supuesta trama corrupta por sus vínculos con Servinabar, la empresa de Antxon Alonso de la que el exsecretario de Organización del PSOE sería socio, según la UCO.
En la sesión de control al Gobierno, el representante del PP preguntaba a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, por las adjudicaciones a la empresa en cuestión. Se apoyaba en que el Ejecutivo autonómico ha adjudicado al menos cinco contratos por valor de 188 millones de euros a UTE (uniones temporales de empresas) en las que participaba Acciona. Esas concesiones «se habrían beneficiado de valoraciones subjetivas, modificaciones del precio que duplicaron el coste inicial de una de las obras y ampliaciones de los plazos contrarias a lo pactado».
En su réplica, la responsable gubernamental ha respondido que su consejería «no ha llevado a cabo ninguna adjudicación irregular» a favor de la compañía: «Es más, ningún contrato de este Departamento ni de ETS (el operador ferroviario Euskal Trenbide Sarea) ha sido ni es objeto de sospecha por parte de la Policía, la Fiscalía o la autoridad judicial que está investigando a Acciona». Sin embargo, esa réplica no ha convencido a López, que aludía en todo momento a los contratos entre Acciona y la constructora guipuzcoana Altuna y Uria.
El parlamentario del PP ha apuntado a la presencia de un ex alto cargo del Gobierno vasco como apoderado en esa compañía; en concreto, Martin Askasibar, exdirector de Agricultura por el PNV que, además, fue condenado en 2018 por la quiebra de la planta de purines de Karrantza. «Qué pequeña es Euskadi cuando se trata de negocios entre el PNV y el PSOE. Tienen aquí una conexión muy fácil: ustedes ponen la firma y el PNV pone el amigo dentro de la empresa. Un sistema clientelar vasco en plena forma, sin control y con contratos hechos a medida», ha dicho.
López ha puesto ejemplos concretos de cómo las UTE entre Acciona y Altuna de Uria se han llevado adjudicaciones públicas pese a no haber sido la oferta más valorada en los criterios objetivos. Ha mencionado la fase 2 del Metro de Donostialdea entre Miraconcha y Easo o el tramo Aperribai-Galdakao de la Línea 5 del Metro de Bilbao. «Llegan los criterios subjetivos y vuelve a ganar Acciona. ¿Y qué pasa después? Modificación del contrato en su favor, otros 7 millones. Siempre la misma jugada: ofertas ganadoras, puntos subjetivos y presupuestos iniciales que se inflan».
Con estos datos en la mesa, se ha preguntado «qué le debe» el Gobierno vasco a Acciona y ha concluido que «todo queda en familia, la familia Corleone». «Son ustedes una mafia», ha remachado desde la tribuna mientras se hacía un silencio sepulcral en el hemiciclo. Incluso la vicepresidenta primera del Parlamento vasco, la socialista Susana Corcuera, ha hecho aspavientos quejándose ante la presidenta, Bakartxo Tejeria, quien se ha limitado a comunicar a López que se le había acabado el tiempo de su intervención.
En su respuesta final, García Chueca ha cargado contra las «graves acusaciones» del parlamentario del PP: «Supongo que es consciente de la irresponsabilidad que supone mantener este tipo de acusaciones sin pruebas que las avalen». Le ha achacado que intente «menoscavar de forma gratuita la honorabilidad» del Departamento que dirige y de sus procesos de contratación, así como la labor de sus trabajadores. «Todas las adjudicaciones respetan y se ajustan escrupulosamente a los principios generales que rigen el marco de la contratación pública», ha sentenciado.
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