Pacto antiodio

Enumeremos: agresiones homófobas (cada vez más numerosas, pese a la rocambolesca historia del ataque inventado en Malasaña), violaciones grupales, palizas como la que acabó con la vida de Samuel en La Coruña y la que sufrió Alex en Amorebieta, ataques racistas, bandas organizadas y extremadamente violentas, bofetadas por militar en determinado partido, chavales que gritan 'Gora ETA' y ni siquiera habían empezado la Secundaria cuando la presión social forzó a los terroristas a abandonar las armas... A otro nivel, jóvenes ombliguistas que solo piensan en su disfrute, chavales con baja tolerancia a la frustración que recopilan proyectiles para lanzárselos a la Ertzaintza por diversión...

La socióloga Teresa Bazo y el expolítico y consultor Eduardo Madina alertaban en estas páginas el pasado fin de semana de que, no por casualidad, las expresiones de violencia apenas se dan en los territorios de rentas más bajas. A riesgo de pecar de simplista, ya se sabe aquello de que el hambre agudiza el ingenio y, por el contrario, cuando el diablo no tiene qué hacer con el rabo mata moscas.

Parte del problema radicará, lógicamente, en la educación escolar, o en la pérdida de lustre del profesor como figura de autoridad. Y si Euskadi -y Álava en el ránking por territorios- están a la cabeza de España de los delitos de odio es sin duda porque a la colección de horrores comunes a todo el país se añaden los rescoldos aún calientes de décadas de terrorismo. Años y años en los que una parte importante de la sociedad miraba hacia otro lado: 'algo habrá hecho'. No en vano, el 10% de los delitos de odio en Euskadi tienen motivación política, según un informe de la Cátedra Unesco de la UPV. Poniendo en valor la labor de los docentes vascos y su compromiso con la enseñanza en valores, sería deseable que la futura Ley de Educación mire no solo a los perfiles lingüísticos sino también a la convivencia en una sociedad donde algunos no se atreven aún a pronunciar la palabra condena.

Pero es obvio que los padres, los entornos o unas redes sociales omnipresentes y altamente tóxicas son también responsables del peligroso bucle. Y que el problema no se resuelve solo con leyes, tampoco solo con la 'ley Zerolo' impulsada por el Gobierno Sánchez. Se culpa a los nacionalistas, a Vox, a la madrileñofobia... Y lo hacen partidos de todos los colores. Si hubo pactos de Estado contra la violencia de género, contra el terrorismo o por las pensiones, puede haber un pacto de Estado para deslegitimar la cultura del odio. Pensémoslo.