La oposición vuelve a exigir un 'plan B' para sortear el caos jurídico
Casado acusa a Sánchez de «abandonar» a los gobiernos autonómicos e insiste en reformular la ley sanitaria de 1986
El 'déjà vu' pandémico no sólo se refiere a la quinta ola (¿vendrán más?), también al debate jurídico en el que siguen enfrascados los partidos ... políticos pensando más en sus intereses electorales que en la gestión pura y dura de la crisis. No se entiende de otra forma que un año y medio después del estallido de la peor pandemia del último siglo, el país siga atrapado en un enredo jurídico del que es incapaz de zafarse. No sólo eso. Ni hay 'plan B' ni se le espera. La 'nueva normalidad', al menos en lo referido a la política, sigue siendo tan vieja como siempre. Por un lado, el Gobierno, que no cree necesario hacer nada, y por el otro el PP, que ayer volvió a exigir una ley sanitaria «urgente» porque «los presidentes autonómicos no saben a qué atenerse y están abandonados por el Gobierno sin mecanismos eficaces para controlar la pandemia».
Hasta ahora, la hoja de ruta del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha pasado por decretar estados de alarma que el Tribunal Constitucional acaba de tirar por tierra en favor de un potencial estado de excepción. ¿La diferencia? Que mientras el primero no necesita el plácet previo del Congreso, el segundo sí, sobre todo porque otorga al Gobierno unos poderes extraordinarios para vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía.
En realidad, siempre ha habido un 'plan B'. El 13 de mayo de 2020, la ya exvicepresidenta primera Carmen Calvo anunció ante el Senado que el Gobierno ya estaba trabajando en él para evitar que el estado de alarma se convirtiese en el sostén jurídico para poder luchar contra la pandemia.
Habló de «una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado» porque «tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución que regula el estado de alarma». Aseguró, incluso, que esta propuesta legislativa llegaría «muy rápido» a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación.
Partidos como el PNV verían con buenos ojos la percha de Ley de Salud Pública pero acompañada de cambios en otras leyes
Un año después, bajo la enorme presión de partidos y gobiernos autonómicos que le recriminaban su inacción legislativa, el Gobierno cambió de registro por completo. Ni 'plan A', ni 'plan B', ni 'plan C'. «El estado de alarma es el pasado. El futuro es vacunación, vacunación y vacunación», zanjó Pedro Sánchez. El problema es que el virus no entiende de optimismo y la quinta ola se ha hecho hueco a codazos con un Tribunal Constitucional que, además, ha echado por la borda el único plan con el que se contaba.
¿Pero cuál es ese 'plan B' jurídico del que volvió a hablar ayer Pablo Casado? La fórmula que está sobre la mesa y que partidos como el PNV no verían con malos ojos es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Promulgada en 1986, permite a las autoridades sanitarias tomar las medidas que consideren «necesarias en caso de riesgo transmisible». Un precepto demasiado «genérico» para muchos juristas y pero que el PP cree suficiente si se reformula de forma adecuada. Su propuesta incluye textualmente limitaciones que «podrán afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión».
El PP estableció contactos con, entre otros, Esquerra, PNV y PDeCAT. Los jeltzales, por ejemplo, están por la labor, pero consideran que la reforma de la ley de 1986 no es suficiente por sí sola. Para que la percha fuera efectiva, avisan, habría que retocar también la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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