Nueve imputados por el 'caso De Miguel' pactan con la Fiscalía reducir la petición de cárcel

Estibaliz Arruti y Gorka Errasti a su llegada al Palacio de Justicia de Vitoria. /Efe
Estibaliz Arruti y Gorka Errasti a su llegada al Palacio de Justicia de Vitoria. / Efe

La confesión de Josu Arruti sobre la solicitud de comisiones a unos inversores para hacerse con contratos provocará «ajustes» en las penas

Ander Carazo
ANDER CARAZO

Nueve imputados por el 'caso De Miguel' han suscrito un acuerdo con la Fiscalía para ver reducida la petición de penas que pesa sobre ellos. Salvo el constructor Prudencio Hierro, quien admitió que había 'adelantado' dinero a Alfredo de Miguel -diputado de Administración Local en Álava hasta su detención en marzo de 2010- para pagar la obra de un inmueble en Gorliz, el resto están relacionados con la fallida 'macrooperación' urbanística que se pretendía desarrollar en Zambrana para instalar un polígono industrial. Entre ellos destaca el empresario del PNV Josu Arruti, que asumió que había solicitado una comisión por petición de 'Txitxo' (como todos llaman al antiguo burukide) a unos inversores catalanes para hacerse con este contrato. Tanto los pagadores como los beneficiarios confesaron la existencia de 'mordidas', algo que los principales imputados habían negado previamente.

Ni siquiera tras oír las declaraciones de esta semana las defensas de De Miguel y sus socios Aitor Tellería y Koldo Ochandiano han cambiado la estrategia que han mantenido desde el primer minuto del juicio, que arrancó el 8 de enero en el Palacio de Justicia de Vitoria. Sus argumentos -como evidenciaron ayer en la fase documental del proceso- siguen siendo la hipotética manipulación de pruebas por parte de la Ertzaintza y una ruptura de la cadena de custodia. Buscan que se anule la grabadora que registró los encuentros entre la denunciante, la abogada Ainhoa Alberdi, y varios de los implicados.

Pero no en todos los casos esa confesión supone una asunción de culpas. La declaración del arrepentido Josu Arruti conllevaba eximir de cualquiera de los delitos que se les imputa a su hermana (Estíbaliz) y su cuñado (Gorka Errasti), quienes ayer dijeron desconocer la existencia de 'mordidas' y que la «confianza ciega» en la familia les impulsó a constituir empresas relacionadas con energías renovables. Y eso que tuvieron a Ainhoa Bilbao (esposa de De Miguel) en nómina en una de esas compañías. Sus palabras parecieron no convencer al presidente del tribunal, Jaime Tapia. «Tienen unas empresas que se crean con unas expectativas, no facturan nada, contratan a personas con unos sueldos bastante importantes, piden dinero a otras compañías... ¿Ustedes de plan de negocio o proyección de mercado, nada?», cuestionó el magistrado. «Ahora lo haría de otra forma», reconoció.

Por otra parte, el octogenario padre de la familia Arruti (que también se llama Josu) avanzó que ha iniciado los trámites necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales que dejó pendientes con la Diputación de Bizkaia al no declarar cobros que han sido motivo de investigación, y por lo que pagará la multa correspondiente.

Hasta la hermana

El desarrollo del juicio y estas declaraciones tendrán su reflejo en «ajustes» en las peticiones de penas que la Fiscalía de Álava dirigida por Josu Izaguirre presentará la próxima semana. «Se dará cumplida respuesta al porqué de cada una de ellas», avanzó su 'número dos', Manuel Pedreira. En todo caso, los jueces serán quienes dicten el castigo, en el supuesto de haberlo.

El número de arrepentidos podría haber sido mayor. Y es que hasta hace apenas un mes De Miguel, Tellería y Ochandiano negociaban asumir los principales delitos que se les imputan a cambio de garantizar que sus mujeres no pisaran la cárcel y la inmensa mayoría de los 26 imputados -entre los que abundan cargos y militantes del Partido Nacionalista- les imitaban. Pero cuando éstos decidieron romper las negociaciones también muchos siguieron su estela sin rechistar.

Pero no todos. Horas antes de iniciar su declaración, Aintzane de Miguel, hermana del principal acusado, estaba dispuesta a admitir que las empresas de la trama carecían de actividad y estaban dirigidas al cobro de comisiones ilegales. Una declaración que le iba a garantizar la absolución. Finalmente dio marcha atrás y se ciñó al guión marcado por el abogado de su hermano.

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