Mutualia facturó a Salud 530.000 euros cuando su director médico era alto cargo

El montante se recoge en una respuesta del actual consejero de Salud, Alberto Martínez, a la portavoz parlamentaria del PP, Laura Garrido, quien solicitó la información tras desvelar EL CORREO el fichaje de Sánchez por la empresa privada. Según esta documentación, entre 2019 y 2024 -periodo en el que fue alto cargo- se abonaron 65 facturas por derivar intervenciones a centros de Mutualia en Gipuzkoa por «cambios de contingencia» o para acelerar la «reducción de las listas de espera» en Osakidetza. Los años de más actividad fueron 2020 y 2021, los peores de la pandemia.

Pese al volumen de facturación, el Gobierno vasco concedió a Sánchez el permiso para comenzar a trabajar en Mutualia al establecer que no tuvo «relación directa» con la empresa durante el tiempo en que fue director en el Departamento de Salud. La concesión de esa autorización es obligatoria por ley en Euskadi para todos los ex altos cargos que deseen desarrollar actividades privadas en los dos años posteriores a su cese. El competente para ello es el Departamento de Gobernanza Pública, que elabora un informe positivo o negativo tras consultar al área de Lakua en el que trabajaba el solicitante.

Con más de 430.000 personas cubiertas, Mutualia es la principal mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de Euskadi y extiende su ámbito de actuación a toda España. No sólo es una de las compañías a las que suele recurrir la Sanidad pública vasca para derivar operaciones -en su caso, fundamentalmente de traumatología-, sino que desde 2022, cuando Sánchez era alto cargo de Salud, también tiene suscrito un convenio con Osakidetza por el cual ambas entidades comparten el historial médicos de sus respectivos pacientes.

La firma de ese acuerdo contó con una importante oposición política y sindical. Incluso el Ararteko sugirió a Osakidetza que «reflexionara» sobre el «interés público» del mismo. En otra respuesta de Martínez a preguntas de Garrido, el actual consejero de Salud revela que esa recomendación «no fue considerada» al estimar que la finalidad del convenio estaba «suficientemente motivada». Argumenta, en concreto, que el intercambio de información se hace previa «emisión de un adecuado documento de consentimiento informado» por parte del paciente y que puede contribuir a «un ahorro de tiempo para la emisión de un diagnóstico» al evitar la repetición de determinadas pruebas médicas.