La Junta Electoral vasca avala la «anulación» de las elecciones del 5-A

Volver a empezar. Ésa será la primera consecuencia en la política vasca de la gravísima crisis sanitaria desatada por la expansión del coronavirus. La Junta Electoral de la comunidad autónoma avaló ayer por unanimidad la decisión adoptada por el lehendakari Urkullu con el consenso sin fisuras de los principales partidos de aplazar las elecciones autonómicas, que deberían haberse celebrado el 5 de abril, hasta que cese la situación de emergencia decretada en Euskadi y las consiguientes medidas de confinamiento.

El órgano presidido por Juan Luis Ibarra bendijo la solución jurídica acordada -un decreto del lehendakari para dejar «sin efecto» la convocatoria de elecciones al que seguirá un nuevo llamamiento a las urnas tan pronto como sea posible- al considerarla «legítima, proporcionada y conforme a derecho» en unas circunstancias en las que, según constata, es «imposible» proseguir con el proceso.

La resolución dictada por el órgano gubernativo de la Administración electoral vasca resultaba de vital importancia para blindar jurídicamente el decreto, una de las obsesiones del lehendakari, empeñado en evitar que pueda prosperar cualquier recurso contra la anulación de la convocatoria electoral, sin asideros claros en la ley. De hecho, el jefe del Ejecutivo vasco aguardó al aval de la Junta para firmar, a primera hora de la tarde, el texto legal, que estaba preparado desde ayer y que entrará en vigor hoy mismo tras su publicación el Boletín Oficial del País Vasco. Con anterioridad, el lehendakari había sometido por la mañana a la «deliberación» del Consejo de Gobierno el decreto, que será refrendado por la Diputación Permanente del Parlamento y se soporta además en un informe de Salud, que estima como mínimo en cuatro semanas la duración de la alarma.

Lo más relevante del acuerdo dictado por la Junta Electoral es que respalda el criterio que ya habían manifestado los servicios jurídicos centrales del Gobierno vasco en un informe emitido a contrarreloj el lunes por la noche para solventar las dudas surgidas durante la 'cumbre' de los líderes políticos vascos con el lehendakari. Tal como adelantó EL CORREO, los expertos del Ejecutivo de Vitoria estimaron que la cita con las urnas no podía darse jurídicamente por «suspendida» o «aplazada», porque la «vaguedad» de esos términos hacía difícil concretar qué elementos de la convocatoria podrían mantener su vigencia y cuáles no.

Por ejemplo, ¿qué ocurría con el censo electoral? ¿Y con los electores que cumplan la mayoría de edad o fallezcan en el ínterin entre ambos procesos? ¿Podrían presentarse nuevas candidaturas o coaliciones? La dificultad para regular esos detalles sin lesionar derechos fundamentales lleva a los servicios jurídicos del Gobierno vasco a concluir que la única salida viable es «anular» la convocatoria presente «con la obligación de convocar una nueva».

Ante la «incertidumbre», apuntan, de cuándo podrá darse por superada la crisis, «ésta es la única forma de garantizar (...) el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y oportunidades», un criterio que la Junta Electoral suscribe al cien por cien. En la práctica eso supone empezar de cero, por lo que, desde hoy, ya no hay ni candidaturas proclamadas ni coaliciones en vigor, como la controvertida alianza PP+Cs que se llevó por delante el liderazgo de Alfonso Alonso.

También caería por su peso la propuesta que planteó el PSE en la reunión para acortar los plazos y la campaña de los futuros comicios. La coletilla que incluye el decreto de que la nueva convocatoria se expedirá «oídos los partidos» da pie a que todos ellos acuerden evitar, por ejemplo, el mes de agosto, si el fin de la alarma situara en pleno verano la nueva cita.