La jueza cierra su etapa en el caso del hermano de Sánchez y remite la causa a la Audiencia

La Audiencia es la encargada de juzgar si la Diputación de Badajoz amañó el contrato de coordinador de actividades musicales de los conservatorios para el hermano del presidente del Gobierno entre 2016 y 2017, si hizo bien al modificar el nombre del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas entre 2022 y 2023 sin que mediara convocatoria pública, y si enchufó a un amigo de Sánchez, Luis Carrero, en enero de 2024. Y si, en todo ello supone haber incurrido en delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Biedma considera que hay indicios suficientes, en el juicio se verá si se pueden considerar pruebas.

David Sánchez Pérez-Castejón y el secretario general del PSOE extremeño y candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, son dos de los once imputados. El resto son diputados y trabajadores de la institución provincial; algunos de ellos continúan y otros han salido ya del ente provincial.

Todos han pedido su absolución en los escritos de defensa que han ido enviando al juzgado de Biedma en las últimas semanas. Los últimos llegaron este mismo martes. Han sido los del actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, por un lado; y los de su predecesor, Francisco Martos; la que fue directora del área de Cultura, Emilia Parejo, y el actual director del área, Manuel Candalija, por otro.

El escrito de este último ha sido el más largo, con 70 páginas, en los que no se escatiman críticas a la instrucción, se asevera que existen mentiras y se justifica que nadie en la Diputación de Badajoz tenía intención de beneficiar al hermano de Pedro Sánchez porque cuando se gestó y convocó la plaza este no era ni secretario general ni presidente del Gobierno, y, además, el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, y su entorno apoyaban a su rival Susana Díaz en las primarias. «Gallardo se comía a besos a Susana Díaz en mítines y actos de partido», llega a poner el abogado por escrito.

Con otros términos, Gallardo también hace referencia a su escasa vinculación con Pedro Sánchez cuando se gestó y convocó la plaza que terminó ocupando su hermano, entre 2016 y 2017. Por eso en su escrito de defensa propone llamar a la diputada regional Estrella Gordillo, que fue una de las responsables de la candidatura de Susana Díaz en Extremadura en aquellas primarias de 2017.

David Sánchez, por su parte, puso en cuestión la investigación, dado que gran parte se basa en los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y este considera que se han lesionado sus derechos fundamentales, como podría ser el secreto de las comunicaciones o la presunción de inocencia, sin que existieran previamente indicios suficientes para intervenir sus mensajes. La UCO se llevó el contenido de cuentas corporativas de distintas personas y encontró algunas comunicaciones que han servido de base para las acusaciones.

Una vez que Beatriz Biedma cerró la instrucción y determinó que existen indicios para un juicio oral por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, le quedaba enviar toda la causa completa respecto de los once investigados a la Audiencia Provincial, que juzgará el caso por las penas que solicitan las acusaciones populares.

Aún no se sabe qué día comenzarán las vistas. Pese a que algunos abogados dudan que la fecha se pueda saber antes de las elecciones del 21-D, a las que concurre Miguel Ángel Gallardo, por el PSOE, ahora otros indican que es probable que se den a conocer durante la campaña electoral, que comienza el día 5 del próximo mes y termina el 19, aunque el juicio oral se celebrará después de los comicios.

Los magistrados necesitan tiempo para fijar las sesiones. La Audiencia tendrá que formar la sala que juzgará a Gallardo, al hermano del presidente del Gobierno, y al resto.

Cuando sepan quiénes son los encargados de juzgar, los magistrados examinarán los escritos de defensa y tendrán que admitir o denegar las pruebas que los acusados han solicitado. Y, después, dar traslado a las partes y señalar la fecha de juicio.

Para ello deben tener en cuenta el calendario de cada uno y, además, qué peticiones de pruebas han atendido. Algunas fuentes calculan que pueden desfilar unas 25 personas por la sala, lo que requeriría de una semana completa para oír a testigos e imputados.

Es muy probable que el juicio no se celebre hasta primavera, o al menos una vez comenzado el año 2026. Para entonces, Gallardo ya será de nuevo diputado regional y por tanto aforado. Por lo que la causa podría esta vez pasar al Tribunal Superior de Justicia. Este es un debate que vuelve a estar sobre la mesa dado que ahora no habría cometido ningún «fraude de Ley» para acceder al escaño, como sí consideraron los jueces hace unos meses cuando una diputada renunció y otros cinco no tomaron posesión de ese acta para facilitar que Gallardo pudiera entrar en la Asamblea de Extremadura.

Mientras este debate se desarrollara y si finalmente se pudiera cambiar el órgano juzgador, la fecha de juicio podría retrasarse aún más.