Jueces y fiscales se concentran en Bilbao contra la reforma judicial que prepara el Gobierno

El paro se ha repetido en toda España y estaba convocado por cinco de las siete asociaciones profesionales, entre ellas las dos principales –sólo se han desmarcado las progresistas–. En el caso de Bilbao, la protesta contaba con el apoyo de la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga; el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, Luis Garrido; y del juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. En Bizkaia, alrededor de un 60% de los jueces y fiscales pertenecen a alguno de las siete asociaciones profesionales. De ellos, más del 90% forman parte de alguna de las cinco convocantes.

Los asistentes han mostrado su «profunda preocupación por el impacto» que el proyecto de ley presentado por el ministro Bolaños «sobre los estándares europeos de independencia judicial y separación de poderes». Además, denuncian el «contexto general de presión institucional sobre los jueces» y el riesgo que de los partidos «instrumentalicen» el sistema jurídico.

Si el Gobierno no acepta, al menos, paralizar la tramitación de ambas reformas, las cinco asociaciones no descartan la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga.

A grandes rasgos, la 'ley Bolaños' establece diferentes reformas que prevén cambios en el acceso a las carreras profesionales de jueces y fiscales, y en el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la futura ley que dejará en manos de los fiscales la investigación de las causas penales, una tarea que ahora realizan los jueces de instrucción.

Según los convocantes, la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal va a «rebajar la excelencia de conocimientos» y «eliminar contenido esencial» para su formación. «Quieren introducir pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», ha afirmado Emilio Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Euskadi y encargado de leer el manifiesto consensuado entre las cinco agrupaciones. Una vez ha concluido el acto, el centenar de ciudadanos presentes ha ovacionado a los concentrados. Entre los presentes, se encontraba la portavoz del extinto partido UPyD.

La reforma que plantea al Gobierno de Pedro Sánchez también incluye la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Ejecutivo, lo que supondría un «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales».

Respecto a la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, las asociaciones convocantes estiman que busca aumentar las competencias del fiscal general del Estado –que lo nombra directamente La Moncloa–, sobre todo como futuro jefe máximo de los fiscales de instrucción. Esta circunstancia puede desembocar en «injerencias políticas en las causas de corrupción».

Este paro se produce en medio del mayor choque entre los poderes ejecutivo y judicial de las últimas décadas a raíz de los diferentes casos de presunta corrupción investigados en el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Según las cinco asociaciones convocantes, el Gobierno ha fomentado un «ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía». «Esas declaraciones políticas deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan y minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia», ha apuntado Lamo de Espinosa.