¿Le importa a alguien?

Nuevo e importante varapalo judicial a la corrupción y a nuestro sistema de partidos. El tribunal que ha juzgado el denominado 'caso Palau' sentenció ayer que el supuesto 'oasis catalán' que se nos vendió durante años estaba podrido y que el principal partido de esa comunidad, la Convergencia (CDC) de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont, vivía, como otros, de 'mordidas'.

El fallo considera probado que el presidente del Palau de la Música de Barcelona, Félix Millet -cabeza visible de una de esas 400 familias de la alta burguesía catalana que como él mismo reconoció en su momento «nos encontramos en todas partes»- y su 'número dos', Jordi Montull, se dedicaron desde antes de 1999 hasta 2009 a cobrar comisiones ilegales a Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.

La empresa comenzó pagando un 3% del importe de la obra. La 'mordida' subió al 4% «porque Convergencia -cuyo tesorero también ha sido condenado a prisión- quería más dinero». Del porcentaje, un 2,5% servía para financiar al partido. Un 1% se lo quedaba Millet para darse la vida padre y encima pasar como un prohombre ejemplar del catalanismo. Y el 0,5% restante, a Montull.

Pero lo políticamente relevante es que se condena a Convergencia. El fallo juzga probado que el Palau era una de las «tuberías» por las que que transitaban las 'mordidas' de CDC, en este caso a Ferrovial. Por ello le exige que devuelva 6,6 millones.

¿La reacción de los convergentes? ¿Ah, que lo han olvidado? Hace dos años CDC, oliéndose la que se avecinaba, decidió cambiar de traje y se transmutó en el PDeCAT.

Ayer el 'honorable' Artur Mas, que tuvo exquisito cuidado en escapar la semana pasada de la presidencia del nuevo partido, tuvo la indelicadeza de calificar la sentencia como «muy dura». Agregó que para él Daniel Osácar, extesorero de CDC, «sigue siendo una persona honorable». Lo del PDeCAT fue todavía más vergonzoso: ellos, convergentes casi todos desde que perdieron las muelas de leche, no tienen nada que decir porque son «otra cosa».

Así que de pensar en que Puigdemont, Turull o Rull vayan a apartarse de la política, como les emplazó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, nada de nada. Ellos, en especial el expresident, a lo suyo: a exigir la reelección a distancia desde el exilio bruselense. Los letrados del Parlament confirmaron lo que ya sabía cualquier persona con dos dedos de frente: que semejante astracanada es inviable.

La Justicia, ya ven, sigue certificando cual martillo pilón que la sombra de la corrupción política en España es alargada, no una ficción de periodistas con ganas de hacer la pascua a nadie, por más que algunos portagritos, que no portavoces, se empeñen en ello para tapar sus propias desvergüenzas. Así que, ¿consecuencias? De momento ciertamente modestas.

Hace dos décadas, en Italia, la corrupción terminó con el sistema de partidos. La Justicia hizo primero su trabajo y los ciudadanos lo completaron luego en las urnas.

Aquí, los tribunales siguen en lo suyo. En la Audiencia Nacional se empezó a juzgar ayer la financiación irregular del PP valenciano. En Vitoria se ve el 'caso De Miguel', en el que están procesados exdirigentes, excargos y exmilitantes del PNV, que no al partido. Ellos fallarán. Luego ustedes deberán decidir en las urnas si perdonan o castigan.