Sentencia aleccionadora

La sentencia de la Audiencia de Barcelona que condena a los gestores del Palau de la Música -Millet y los Montull-, al tesorero de Convergència -Daniel Osàcar- y a la propia CDC, confirma judicialmente que una trama de corrupción captaba donaciones privadas para actividades culturales, desviadas luego a fundaciones ‘convergentes’, para financiar el partido de Pujol y de Mas. Este último hizo pública su sorpresa por la dureza del fallo, sin explicar las razones de su extrañeza. De ahí que sus declaraciones puedan interpretarse como un mensaje solidario hacia los condenados por parte de quien ni siquiera se vio imputado en el caso. Mientras, el PDeCAT emitió un comunicado en el que se desentiende de Convergència, y da por sentado que las responsabilidades de esta formación se extinguieron con la disolución del partido. Aunque el inmediato anuncio de recurso ante el Supremo revela, además de un claro propósito de mantener la presunción de inocencia y ganar tiempo, la asunción incontestable del señalamiento judicial.

Los años de cárcel que dicta la sentencia para las cuatro personas que conformarían el meollo de la trama no pueden saciar la demanda de Justicia en mayor grado que las obligaciones que los beneficiados tienen ahora de devolver lo sustraído al erario. Más de nueve millones en sanciones para los responsables del Palau, tres millones ochocientos mil para el encargado de finanzas de Convergència, y 6.676.105 de decomiso contra ese partido. En total, más de veinte millones que, aunque el fallo se haga firme, la Justicia se verá en dificultades para cobrar. Pero resulta aleccionador, en términos democráticos, que, además de la carga penal, se fije la ‘deuda’ económica que contraen corruptores y corrompidos. El clima de permisividad con que el poder ejercido como absoluto pudo contar para ‘vender’ concesiones y contratos públicos a beneficio del partido en el gobierno y de los comisionistas de la corrupción no puede dar paso a un clima de comprensión o de compasión hacia las personas culpables del latrocinio público. Nadie en Cataluña puede disculpar a Millet, los Montull, a Osàcar y Convergència porque los considere suyos. Tampoco los reproches que se expresaron ayer frente a las evasivas del PDeCAT deberían caer en saco roto a la hora de definir la mayoría de gobierno de la Generalitat.