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Juan Luis Ibarra interviene en el Parlamento ante la atenta mirada de Jone Goirizelaia. E. C.
Ibarra aprecia en las bases del nuevo Estatuto un «riesgo» para el Estado de Derecho

Ibarra aprecia en las bases del nuevo Estatuto un «riesgo» para el Estado de Derecho

El presidente del Tribunal Superior advierte en el Parlamento vasco de que el derecho a decidir no puede aprobarse saltándose la legalidad

I. O.

Martes, 27 de noviembre 2018

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, advirtió ayer en la Cámara de Vitoria de que invocar el derecho a decidir saltándose el principio de legalidad constituye un «riesgo» para el Estado de Derecho. El magistrado compareció a petición de EH Bildu en la comisión de Trabajo y Justicia, en la que aportó los principales datos de la Memoria de la institución que dirige correspondientes a 2017 y avanzó algunos proyectos de futuro. Pero Ibarra también habló en el Parlamento del discurso que pronunció el pasado día 14 con motivo de la apertura del año judicial, en el que situó fuera de la Constitución el acuerdo entre PNV y EH Bildu sobre el nuevo Estatuto, de marcado carácter soberanista. Una intervención que suscitó las críticas de los jeltzales y de la coalición abertzale, e incluso del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

Ibarra afirmó hace dos semanas que «la invocación al derecho a decidir como fuente extraordinaria primaria, y limitante del principio de legalidad, resulta incompatible con el elemento constitutivo del Poder Judicial». Y lamentó que este elemento se haya introducido en las bases de reforma de la Carta de Gernika con un pacto «exiguo» de dos de los cinco partidos representados en la Cámara. El presidente del Tribunal Superior admitió ayer que podía haber «evitado» esa expresión y pidió disculpas por si alguna formación política concedió al término una interpretación peyorativa porque, según dijo, no fue esa su intención.

«No es gratuito»

El juez sugirió que pudo equivocarse en las formas pero no en el fondo, y añadió que la Sala de Gobierno del TSJPV y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, conocían de antemano las líneas fundamentales de su discurso institucional. Ibarra dejó claro que su reflexión no fue para nada «gratuita» porque una de las obligaciones de las personas con responsabilidad en el ámbito judicial es «alertar» sobre aquellas iniciativas que pueden condicionar el funcionamiento del Estado de Derecho. Alertó, en este sentido, sobre dos atribuciones competenciales recogidas en el acuerdo de bases suscrito por PNV y EH Bildu. La primera es la habilitación del Parlamento vasco «para el dictado de leyes que permitan la definición de 'nacionales' como una noción distinta a la de 'ciudadanos'; la segunda, la creación de instituciones del Poder Judicial en Euskadi.

Tanto los representantes jeltzales como los de Bildu se reafirmaron en sus críticas de los últimos días, mientras que los socialistas se alinearon con las tesis de Ibarra y Podemos y los populares no entraron en este debate. Joseba Zorrila, del PNV, reprochó al magistrado su «intromisión judicial» en el terreno parlamentario, mientras que Larraitz Ugarte, de la coalición soberanista, criticó su «tono» y sus «palabras» en un contexto en el que la independencia de los jueces «está tan en solfa».

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