Los gobiernos vasco y central abren la «primera fase» para el traspaso de la Seguridad Social

Todas las miradas se centran en una competencia en particular: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Se trata de una materia delicada porque, si bien está recogida en el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika desde hace 45 años, su transferencia nunca ha estado cerca y tampoco se ha realizado con ninguna otra comunidad autónoma. El mero debate sobre la transferencia ha despertado históricamente los recelos no sólo de la derecha sino también de los funcionarios del Estado, que ven en peligro el mantenimiento de la llamada 'caja única'.

Pues bien, ahora sí que sí, los gobiernos vasco y central ya se han puesto manos a la obra. No se trata ya de meros acercamientos primigenios, sino de una negociación formal entre administraciones, tal y como se ha podido observar este jueves en la ronda de reuniones que ha mantenido la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena: primero con los secretarios de Estado de Política Territorial y Seguridad Social, Arcadi España y Borja Suárez, respectivamente; y después, a un mayor nivel, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

«Estamos en una primera fase», ha explicado Ubarretxena, quien ha subrayado que la transferencia de la Seguridad Social es una «prioridad absoluta» pero representa «un bloque complicado» que «necesita mucha discreción y trabajo de cocina». Aun así, la máxima responsable del Gabinete de Imanol Pradales para la negociación de los traspasos dice apreciar «buena sintonía» al otro lado de la mesa. Por ahora, las conversaciones se refieren a las prestaciones no contributivas (por hijo a cargo, a familias numerosas y monoparentales, subsidio de maternidad...) y a continuación se extenderán a los subsidios de desempleo (asistencial) y las prestaciones contributivas por desempleo. Todo, apuntan desde Lakua, «de forma escalonada».

El Gobierno vasco presentó a finales del año pasado una propuesta de transferencia con un valor aproximado de 12.000 millones de euros, el equivalente al coste anual de pensiones y prestaciones de ciudadanos de Euskadi. El Ejecutivo de PNV y PSE-EE –de producirse el traspaso esta legislatura, lo asumiría el Departamento de Empleo del socialista Mikel Torres– aspira a gestionar ese montante, pero no a regular las pensiones, algo que seguiría dependiendo del Estado, ni a sufragarlas únicamente desde Euskadi, ya que actualmente existe un déficit de unos 4.000 millones en la comunidad.

Respecto al resto de los traspasos pendientes, y pese al poco tiempo que queda, el Gabinete Pradales sigue manteniendo su «confianza» en que todos estarán materializados para finales de este año. «Se está trabajando para que se cumplan y se está viendo que poco a poco se van logrando acuerdos. No nos queda otra que seguir trabajando para que se pueda dar ese cumplimiento íntegro», ha asegurado Ubarretxena. Los últimos en llegar han sido los de los permisos de trabajo para extranjeros y Meteorología. Entre los restantes, además del relativo a la Seguridad Social, destacan los puertos y aeropuertos, y el Fogasa.