Gobiernos central y vasco defienden que la ley de abusos policiales sólo afectará a casos prescritos

Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, y Jonan Fernández, secretario de Convivencia, presentaron la ley en abril de 2016./L. Altuna
Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, y Jonan Fernández, secretario de Convivencia, presentaron la ley en abril de 2016. / L. Altuna

El grupo de valoración analizará denuncias de hechos datados antes de 1999, lo que impedirá su recorrido judicial al haber transcurrido 20 años de su comisión

LORENA GIL I KOLDO DOMÍNGUEZ

Una vez celebrado el pasado jueves el pleno de política general, que marca el inicio oficial de la actividad parlamentaria, la dinámica de la Cámara de Vitoria comenzará a tomar velocidad. Con el polémico proyecto de reforma del Estatuto de Gernika -sin duda el tema de mayor relevancia de la legislatura- 'desactivado' tras pasar a manos del grupos de expertos para que redacten el articulado, otros dos temas acapararán el protagonismo durante los próximos meses: los Presupuestos del Gobierno vasco y la aprobación de la renovada ley de abusos policiales, que recalará de nuevo en el Legislativo en las próximas semanas tras haber sido 'cepillada' de forma consensuada entre los Ejecutivos central y autonómico.

Esta ley pretende «reconocer y reparar» a las «víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999». Es decir, desde el inicio de la democracia hasta el final de la década de los 90. Una comisión constituida por diez expertos se encargará de valorar las denuncias. Su labor se circunscribirá a estudiar los testimonios y documentación que aporten las víctimas de presuntos malos tratos y torturas infligidos por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional o la Ertzaintza. Asociaciones de víctimas y de las Fuerzas de Seguridad han criticado con dureza la iniciativa, al considerar que pretende buscar culpables fuera de los tribunales de Justicia. En su opinión, la ley vasca vulnera la Constitución.

Colectivos de víctimas y de las fuerzas de seguridad creen que el texto es inconstitucional concentración el día 14

El nuevo texto que llegará al Parlamento en las próximas semanas mantendrá el grueso de la normativa original, aprobada en 2016. El Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias del Poder Judicial y vulneraba los derechos de los agentes de las fuerzas de seguridad. Tras la moción de censura, el nuevo Ejecutivo socialista y el Gobierno vasco pactaron en el seno de la comisión técnica bilateral de cooperación reformar el articulado para poner fin a ese proceso judicial. Mientras La Moncloa se comprometió a retirar el recurso de inconstitucionalidad, Lakua accedió a «retocar» ciertos artículos para «reforzar las garantías jurídicas y afianzar la constitucionalidad» de la normativa. Es decir, eliminar los puntos o expresiones más conflictivos.

Ahora el texto está a punto de regresar al Legislativo. La elección de la horquilla temporal de 1978 a 1999 para delimitar los posibles casos de abusos no es casual, según fuentes de ambos gobiernos. La primera fecha marca el inicio de la etapa democrática, mientras que la segunda persigue evitar que cualquier decisión adoptada por la comisión de valoración pueda tener un recorrido posterior en la vía judicial. Al fijar en 1999 el límite de acción de la ley, acota la posibilidad de que cualquier afectado pueda llevar su caso ante los tribunales tras ser calificada como víctima por la comisión de valoración.

La clave, según las mismas fuentes, reside en que cualquier responsabilidad penal que pudiera derivarse de ese delito estaría ya prescrita. El actual Código Penal establece que el plazo máximo para que unos hechos sean juzgados es de 20 años. El año que viene todos los posibles delitos cometidos antes de 1999 carecerán de recorrido legal. Así está recogido expresamente en la Exposición de Motivos de la ley: «La justificación de este ámbito temporal viene marcada por la institución de la prescripción (...). Evita así interferencias en los asuntos en los que todavía es posible entablar acciones legales ante los tribunales de justicia».

Rechazo frontal

La redacción del nuevo articulado pretende dejar claro que la comisión de valoración sólo podrá emprender pesquisas para corroborar que los hechos presentados por las víctimas potenciales son reales. En ningún caso, insisten fuentes de la Delegación del Gobierno en Euskadi, para llevar los resultados de sus indagaciones ante los tribunales. «La labor de la comisión de valoración será estrictamente resarcir a las víctimas dentro de las competencias del Gobierno vasco en materia de asistencia social y no buscar culpables», apuntan.

Esta argumento ha sido uno de los transmitidos por los representantes del Gobierno central a las diferentes asociaciones de Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para tratar de mitigar su rechazo a la norma. Además, también han puesto sobre la mesa que con los retoques incluidos se garantiza «el respeto al derecho al honor, la presunción de inocencia y la protección de los datos» de los agentes.

Estos colectivos y varias asociaciones de víctimas mantienen, sin embargo, su frontal rechazo a la normativa y ya han anunciado una «auténtica batalla judicial» para tratar de frenar su entrada en vigor. El próximo 14 de noviembre, por ejemplo, se concentrarán en Bilbao y tienen previsto recurrir a los tribunales europeos de Justicia.

A su entender, la normativa vasca mantiene relevantes similitudes con la aprobada por el Parlamento navarro en 2015 y que el Constitucional anuló el pasado julio al entender que supera los límites de la Carta Magna.

Con carácter de urgencia y en lectura única

Aunque todavía no hay una fecha concreta, el Gobierno autónomo quiere llevar al Parlamento vasco la nueva normativa en las próximas semanas para que sea aprobada y entre en vigor lo antes posible. Según las fuentes consultadas, podría presentar incluso de manera inminente el preceptivo proyecto de ley. La pretensión del Ejecutivo es que se tramite de urgencia y en lectura única para agilizar los plazos y pueda ser debatida en pleno en cuestión de semanas. Este procedimiento evitaría, no obstante, la opción de que los partidos de la oposición puedan plantear enmiendas.

A este respecto, en las últimas semanas se han sucedido los contactos entre los grupos que sustentan al Gobierno -PNV y PSE- y el resto de formaciones para lograr que alguna de ellas apoye su tramitación. En 2016, cuando se dio luz verde a la primera normativa, contó con los votos a favor de nacionalistas y socialistas, la abstención de EH Bildu y el rechazo de PP y UPyD.

En esta ocasión, los populares ya han anunciado que volverán a votar en contra y, de hecho, buscan fórmulas para paralizar la ley en cuanto salga del Parlamento. Entre las opciones que barajan se encuentra la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.

Descartado el PP, el Gobierno vasco mantiene su confianza en que EH Bildu y Podemos facilitarán su aprobación «sin problemas», pese a que consideran que tras el 'cepillado' al que ha sido sometida ha quedado «desvirtuada».

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