El Gobierno vasco celebra el endurecimiento de la ley para los multirreincidentes

Fue este mismo jueves cuando la comisión de Justicia de la Cámara baja alumbró un amplio acuerdo a estos efectos. Se trataba de una iniciativa original de Junts, apoyada expresamente por el PNV, y que tras permanecer bloqueada el PSOE ha facilitado en los últimos días como un gesto político más de Pedro Sánchez para reconstruir los puentes con la formación de Carles Puigdemont. Los socialistas no sólo han permitido el avance en la tramitación, sino que también han llegado a un inhabitual entendimiento con el PP para acometer media docena de cambios en el articulado de la propuesta.

El combate de la multirreincidencia, un fenómeno en auge en toda España, es el principal objetivo de la reforma legal. Se trata de una demanda histórica de los alcaldes de Junts, presionados por el crecimiento de Aliança Catalana, que también secunda el PNV, que en los últimos meses ha endurecido su discurso apuntando, entre otras cuestiones, a esta realidad. La propuesta legal pasar por castigar con penas de entre uno y tres años de cárcel el robo de móviles o condenas de 6 a 18 meses para quienes acumulen anteriormente tres condenas por hurto, aunque sean de tipo leve y de menos de 400 euros.

El avance de la iniciativa, que podría ser definitivamente aprobada por el Congreso en febrero, satisface a los jeltzales y, por ende, al Gobierno vasco que lideran. Como ya apuntó en una entrevista en EL CORREO el pasado domingo, Zupiria ha recordado que uno de cada ocho detenidos por la Ertzaintza en lo que llevamos de año (1.000 de los 8.000 en total) había cometido algún delito anteriormente, por lo que valora que «cualquier medida legal que pueda favorecer el trabajo que tanto las policías locales y los tribunales de justicia puedan hacer, es una decisión que va en el buen sentido».

El consejero de Seguridad ha dicho aguardar a ver los «contenidos» concretos de la reforma legal, pero ha apreciado que la iniciativa haya sido desbloqueada, algo que atribuye en parte a la «presión» de Euskadi en ese sentido. Por su parte, Pradales se ha pronunciado durante el pleno de control en el Parlamento vasco, en el que ha dicho que el movimiento del Congreso para «dar cauce» al cambio legal es una «buena noticia» porque, además, ha contado con el apoyo de los dos socios del Gobierno vasco. Un apunte importante habida cuenta de que el PSE-EE se ha manifestado en contra de la decisión de Zupiria de revelar el origen de los detenidos.

En cualquier caso, el lehendakari ha precisado que para abordar la multirreincidencia no todo depende de la Ertzaintza. «Por eso, con la misma autoexigencia que nos aplicamos, pedimos al Estado la máxima diligencia en todas aquellas actuaciones que son de su competencia», ha apuntado. Ha hecho hincapié en su reclamación de juicios rápidos y de contar con «más plazas ante la saturación que viven nuestros juzgados». De la misma manera ha puesto en foco en la prisión preventiva, algo que no depende tanto del Gobierno o de los cuerpos policiales como de la Fiscalía.

«No podemos permitir que cale la sensación de impunidad, ni en la sociedad, ni entre quienes se juegan la piel a pie de calle combatiendo el crimen», se ha propuesto el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha dado cuenta de algunas estadísticas relevantes: en lo que llevamos de año, se han retirado de la calle más de 5.000 armas blancas y objetos peligrosos de las calles; todos los homicidios ocurridos en Euskadi han sido «investigados y aclarados»; y un total de 4.338 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas.