El Gobierno vasco carga contra la sentencia que declara «discriminatorio» exigir el B2 de euskera a los policías interinos
El Ejecutivo anuncia un recurso y dice que el fallo obvia la legislación vigente, mientras el PNV afirma que «vulnera los derechos lingüísticos»
David Guadilla y Ana Barandiaran
Martes, 20 de septiembre 2022, 13:27
El Gobierno vasco y el PNV han respondido con duras críticas y el anuncio de un recurso a la decisión de un juzgado de Vitoria de declarar como un «trato discriminatorio» la exigencia de un perfil lingüístico B2 de euskera para acceder a la bolsa de interinos de la Policía Local en Euskadi. Una sentencia que para el Ejecutivo de Vitoria obvia todo el entramado legal que existe en el País Vasco y la propia evolución de la sociedad y que para la formación jeltzale constituye una «vulneración de los derechos lingüísticos».
El fallo llegaba tras un recurso presentado por UGT contra el proceso de selección fijado en agosto del año pasado para la creación de una bolsa unificada de interinos de agentes para las diferentes policías municipales a las que pueden acceder los ayuntamientos de los tres territorios. La magistrada sostiene que «el conocimiento del euskera en el nivel B2 para la admisión deja fuera a toda la población que no puede acreditar ese perfil y que podría ocupar legalmente determinadas plazas en las que tampoco se requiere». La jueza que dicta la sentencia es la misma que en febrero anuló el despido de una funcionaria de Llodio sin perfil de euskera alegando que es un idioma de «extraordinarias dificultades».
La respuesta del Ejecutivo vasco la ha dado este martes su portavoz. Bingen Zupiria, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, ha anunciado de forma oficial la intención del Gabinete Urkullu de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una sentencia que hace «abstracción» de la legislación que está en vigor desde hace 40 años para normalizar el euskera. Una normativa que, ha recordado Zupiria, obliga a las instituciones a atender a los ciudadanos en las dos lenguas oficiales y que otorga el derecho a ser atendidos en el idioma que deseen. El portavoz del Gobierno vasco y también consejero de Política Lingüística ha subrayado que «cada vez más ciudadanos piden ser atendidos en euskera».
«Asombro» en el PNV
Más dura aún se ha mostrado Itxaso Atutxa. La presidenta del PNV vizcaíno ha mostrado su «asombro» ante la sentencia. «No es tanto una defensa de los derechos de los trabajadores, sino que creo que es una vulneración de los derechos lingüísticos de la sociedad. Sé que es un asunto que se puede ver desde ambos lados, pero creo que los jueces, una vez más, no han tenido eso en cuenta», ha señalado.
Atutxa ha afirmado que «seguro que es buen juez» y que «ha adoptado esa decisión basado en alguna ley», pero se ha preguntado: «¿Dónde quedan los derechos lingüísticos de la sociedad en un país que, reconocido por la ley, debe ser bilingüe?». «Una lengua no puede vulnerar nada más, una lengua no está para ir en contra de nadie, y creo que hay que proteger los derechos de los vascoparlantes y de toda la sociedad, y no veo que este tipo de sentencias lo hagan», ha concluido.
En la misma línea, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha asegurado que «sin duda» las Administraciones deben recurrir la sentencia y ha afirmado que el 90% de los aspirantes a esa bolsa tenían el perfil. El Departamento vasco de Seguridad también ha confirmado que prevé acudir a los tribunales porque es «estratégico» que los agentes de Policía local que se envíen a los ayuntamientos de Euskadi se puedan relacionar en euskera con la ciudadanía.
El fallo irá al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ya tiene una sentencia que daría la razón a la jueza Martínez Navas. Así, el Superior vasco falló en mayo de 2021 que era «discriminatoria» la obligatoriedad de saber euskera en una OPE para la Policía Local del Ayuntamiento de Irún. «Esta exigencia no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a empleos públicos», se dice en la sentencia, que recuerda que «no es necesario que todos los agentes conozcan el euskera para garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración utilizando esa lengua». El Consistorio recurrió el fallo en casación ante el Tribunal Supremo.
Las críticas a la sentencia también han sido lanzadas desde EH Bildu. La coalición soberanista también ha considerado que el fallo constituye «un nuevo ataque de la Justicia contra la normalización del uso del euskera que discrimina a las personas vascoparlantes». La parlamentaria Rebeka Ubera ha recordado que esta no es la primera decisión judicial contra los derechos lingüísticos. «En los últimos años, por medio de diferentes decisiones judiciales, se están multiplicando las acciones en contra del euskera y se está poniendo de manifiesto que el castellano y el euskera, aunque en teoría tienen la misma consideración de lenguas oficiales, en la práctica no reciben el mismo trato», ha añadido Ubera.
