El Gobierno aprueba la ley que da a los fiscales la investigación penal sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso

Un encausamiento inédito que ha sobrevolado una ley que confiere a los fiscales las investigaciones penales ahora en manos de los jueces, establece un mandato de 5 años para el jefe del Ministerio Público desligándolo así de la duración de las legislaturas y restringe la acusación popular, una figura constitucional que ha sido clave en los últimos meses para imputar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez y a cuya limitación se ha opuesto Sumar en la mesa del Consejo, que Junts ya dijo en su día que no iba a respaldar y reticencias entre el resto de los socios. Bolaños, el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes encargado de desgranar la iniciativa legislativa, se ha afanado en recalcar, a fin de desmontar «bulos», la fecha de entrada en vigor de la norma si logra los apoyos suficientes está fijada para el 1 de enero de 2028. Es decir, afectará a las causas que se incoen a partir de entonces y cuando el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya habrá cumplido los dos mandatos permitidos.

Bolaños se ha esforzado por contextualizar el calado de la reforma del Enjuiciamiento Criminal vigente en España desde hace siglo y medio -ha hecho recuento, gráficamente, de los 12 papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidente del Gobierno y 106 ministros de Justicia que convivieron con el texto en vigor- y por recordar que aunque éste es el primer Ejecutivo que llega tan lejos, los intentos de actualizar el proceso penal otorgando a la Fiscalía las investigaciones parten del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se extendieron después al de Mariano Rajoy. El ministro, que ha encuadrado la propuesta en los parámetros más comunes en Europa, ha enfatizado que la misma se engarza con el Pacto de Estado por la Justicia que PSOE y PP suscribieron en 2001.

Pero al margen de obviar que hoy no existe ningún espacio de colaboración entre los dos principales partidos del país, Bolaños ha sorteado otras aristas que planean sobre el proyecto de ley. Entre ellas, que el rechazo de la oposición y las reticencias de asociaciones de fiscales tienen que ver con la erosión institucional que aprecian en la Fiscalía por el enjuiciamiento, en democracia, de su máximo responsable y su presunto seguidismo del Gobierno; que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido su informe preceptivo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -inserto en esta nueva Lecrim- mostrándose crítico ante lo que observa como una falta de protección suficiente de la independencia del fiscal general pese a lo que proclama el Ejecutivo; y, en último punto, los recelos, ya evidenciados, por Sumar y otros socios de investidura a la restricción de la acción popular, que la reforma veta a partidos y sindicatos.

Cuestionado por este hecho y por si no es una contradicción que el PSOE siga ejerciendo esa figura consagrada en el artículo 125 de la Constitución mientras el Gobierno busca acotarla, Bolaños se ha escudado en que en este momento está siendo utilizada con fines «espurios» por «organizaciones ultraderechistas» (las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez fueron producto de sendas denuncias de Manos Limpias). En enero, el PSOE disparó las alarmas de sus aliados -con Junts a la cabeza- al registrar una proposición en el Congreso por la que no se lanzaba solo esa restricción de la acusación popular, sino que dejaba la puerta abierta a que se aplicara a «procesos en curso»; es decir, a las causas que afectan al entorno personal del presidente. Hoy, Bolaños ha dado por solapada esa polémica iniciativa en el proyecto de ley del Gobierno, con el objetivo, ha justificado, de buscar los apoyos que ahora no atesora.