El fiscal pide que una decena de excargos vinculados al PNV entren en la cárcel

Los acusados siguen una de las sesiones del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Álava./Igor Aizpuru
Los acusados siguen una de las sesiones del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Álava. / Igor Aizpuru

Rebaja casi a la mitad la petición de prisión de los principales acusados, entre ellos Alfredo de Miguel, para quien reclama 30 años de reclusión

Koldo Domínguez
KOLDO DOMÍNGUEZ

Los fiscales del 'caso De Miguel', Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, hicieron público ayer su escrito de conclusiones definitivas, en el que realizan un detallado relato de los hechos que, a su entender, han quedado probados durante el juicio, y en el que establecen las penas que el tribunal debería, en su opinión, imponer para todos los procesados en esta macrocausa, el mayor sumario por corrupción abierto en el País Vasco.

El escrito arroja varias evidencias nítidas. La primera, que la Fiscalía entiende que se han cometido graves delitos y que existía un «entramado societario» que, aprovechando «las relaciones políticas y/o administrativas» de los principales acusados «con el Partido Nacionalista Vasco», permitió obtener un «ilícito beneficio económico destinado al enriquecimiento personal» a buena parte de los 26 imputados. La segunda, que como suele suceder en esta clase de procesos judiciales, el Ministerio Público ha ajustado a la baja la petición de condenas, aunque para algunos de los implicados conllevan una larga estancia en prisión. De hecho, según el escrito de 60 páginas presentado por la Fiscalía, una decena de excargos vinculados con el PNV tendrían que entrar en la cárcel.

Para los supuestos cabecillas de la red -están acusados de pedir comisiones a cambio de la adjudicación de contratos-, la solicitud de penas es la mitad que al inicio del juicio. Así, Alfredo De Miguel se enfrenta a una pena de 29 años y 9 meses de prisión -sensiblemente inferior a los 54 años que se le pedían al arranque de la vista oral- como presunto autor o inductor de una veintena de delitos, entre los que figuran blanqueo de capitales, coacción, prevaricación y cohecho pasivo. Una solicitud de condena que conllevaría un cumplimiento efectivo de 12 años de cárcel, lo que se obtiene de multiplicar por tres la pena mayor que se le imponga -en este caso los 4 años por cohecho pasivo-. Con la petición inicial del Ministerio Público la reclusión real hubiera sido de 15 años. Quien fuera 'número dos' del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local cuando fue detenido por la Ertzaintza en 2010 se expone también al pago de una multa cercana a 1,2 millones de euros.

«Crearon un entramado societario y personal para obtener un ilícito beneficio económico» Los tres principales acusados

Para los otros dos supuestos líderes de la trama, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, el Ministerio Público reclama la misma pena de cárcel, 13 años, así como el pago de una sanción de 600.000 euros por haber cometido una decena de delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo de capitales, coacciones, cohecho pasivo y prevaricación. Para ambos, al arranque del juicio, el fiscal pedía 32 años de reclusión.

Se da la circunstancia de que tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano negociaron durante varios meses con el fiscal Izaguirre declararse culpables a cambio de una mínima condena. Según diversas fuentes, y como ya adelantó este periódico, sobre la mesa de las conversaciones se valoró el que los principales acusados no pasaran por prisión más de cuatro años y que, además, las parejas de los tres resultaran absueltas o con unas penas por debajo de los dos años, que no supusieran su ingreso en un centro penitenciario. Un pacto que durante varias semanas pareció cercano pero que se truncó en el último momento.

Las parejas de los principales acusados se enfrentan a una condena de 5 años de reclusión Colaboración activa

Blanqueo de capitales

De ahí que ahora hayan cambiado las tornas. El Ministerio Público mantiene petición de cárcel para Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia. En concreto, solicita penas para cada una de 5 años de prisión y multas por 350.000 euros por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Según los fiscales, las tres «colaboraron consciente y activamente» en la constitución de las sociedades mercantiles y en la gestión del dinero logrado gracias a comisiones ilegales.

Otros de los procesados con vínculos con el partido jeltzale que podrían acabar en la cárcel son Xabier Sánchez Robles, el exdirector de Juventud durante el Gobierno del lehendakari Ibarretxe, que gestionó varios contratos irregulares firmados entre el Ejecutivo autónomo y las empresas con las que operaba De Miguel. Para él piden 8 años. El administrador de una de esas firmas, Errexal, era el exconcejal de Leioa del PNV Iñaki San Juan, que se enfrenta a 7 años de cárcel. Mientras Josu Montes, responsable de Ortzi Muga -otra de las firmas del entramado- y que fue consejero del teatro Arriaga a propuesta de los jeltzase expone a 6 años de cárcel.

Seis años y ocho meses podría cumplir además, si el tribunal hace suyas las tesis del fiscal, el titular del grupo Loizate, el constructor Jon Iñaki Echaburu, habitual contratista de instituciones dirigidas por el PNV. Asimismo, Alfonso Arriola, gerente del parque tecnológico de Miñano (5 años y 9 meses) y la exdirectora de este complejo Miren Bilbao (4 años) durante la etapa del lehendakari Ibarretxe en Ajuria Enea también se enfrentan a permanecer una temporada entre rejas.

Libertad o condenas mínimas para los acusados que pactaron su confesión

Si la rebaja en la petición de condenas es sustancial con respecto a los principales acusados, los fiscales plantean en su escrito de conclusiones definitivas una drástica reducción de penas para los imputados con los que en las últimas semanas alcanzaron un acuerdo para admitir los hechos de los que estaban acusados.

En concreto, piden directamente la absolución para los empresarios catalanes, Plàcid Casas, Francesc Fernández Joval, Ramón Tomàs y Joaquim Sabater. Los dos primeros confesaron durante la vista oral haber pagado comisiones a De Miguel por la operación urbanística en la localidad de Zambrana. Josu Izaguirre y Manuel Pedreira estiman ahora que los delitos de los que estaban acusados estarían «prescritos», por lo que quedarían libres de toda culpa.

Para los cuatro imputados de la familia Arruti -el padre Josu, su hijo Josu, su hija Estibaliz y el marido de ésta, Gorka Errasti-, relacionados con varias empresas que trabajaron con los responsables de la trama, el Ministerio Fiscal pide también la libertad o como máximo penas que no alcanzan los dos años de prisión, por lo que al carecer de antecedentes, no entrarían en la cárcel. En el caso de Josu Arruti hijo, el empresario del PNV que admitió en la vista oral haber actuado como mediador de la trama y haber cobrado una mordida de 161.000 euros, sí debería hacer frente a una multa económica de 250.000 euros.

También firmó un acuerdo con la Fiscalía, Prudencio Hierro, el constructor que afirmó en el juicio haber pagado las obras de la casa de Gorliz de la mujer de De Miguel. Gracias a su confesión en el juicio, tampoco entraría en la cárcel puesto que sólo piden para él una pena de 3 meses por falsedad documental.

Aunque no pactó con la Fiscalía, la que tampoco entraría en la cárcel es la exalcaldesa de Zambrana, la peneuvista Justy Angulo, que sólo podría ser condena a 10 años de inhabilitación -en un inicio el Ministerio Público pedía para ella 4 años de reclusión-.

En su misma situación queda desde ayer Gurutz Larrañaga, el viceconsejero del Gobierno vasco que firmó las adjudicaciones de varios trabajos a las empresas de la trama De Miguel. Para él se pide una década de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada, cuando hasta ahora se enfrentaba a 17 años de cárcel.

 

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