La denunciante acudió a los tribunales emplazada por los jefes de los parques tecnológicos

Después de que Alberdi aportase una serie de grabaciones en el Palacio de Justicia de Vitoria y el juez instructor Roberto Ramos completase una investigación, tanto Arriola como Sánchez Alegría finalmente se encuentran entre los 26 imputados en el 'caso De Miguel', una red que supuestamente adjudicaba contratos 'a dedo' a cambio de comisiones irregulares. Para el primero, el Ministerio Público solicita 21 años de cárcel y para el segundo, 17 años.

Ninguno de los dos han negociado con el fiscal jefe, Josu Izaguirre, la posibilidad de asumir delitos a cambio de una reducción en la petición de penas, así que sólo han respondido a las preguntas de sus respectivos abogados y el presidente del tribunal, el juez Jaime Tapia, ha sido el único que ha conseguido entrometerse en unos cuestionarios visiblemente ensayados. «La persona que realmente no tiene nada que ocultar puede contestar a una persona y a otra», ha lanzado el magistrado al terminar el décimo interrogatorio de once completados sin posibilidad para que participaran la acusación y las defensas del resto de acusados.

A la terna de magistrados le ha generado dudas la versión esgrimida por ambos, y por testigos previos, de que un contrato adjudicado en 2006 para la ampliación del parque de Miñano, que podría alcanzar un desembolso de 600.000 euros, pudiese carecer de publicidad y que no hubiera existido una libre concurrencia. Se adjudicó de forma directa y para ello, se escudan en la recomendación que les dieron los expertos legales con relación con los centros tecnológicos y para, además, evitar la intromisión de especuladores que podían haber «dinamitado» la expansión del parque. La elegida fue Urbanorma Consulting, sociedad del constructor Jon Iñaki Echaburu -también imputado- y la citada Ainhoa Alberdi, gracias a la recomendación de De Miguel, que en aquella época dirigía dos 'industrialdeas' en Álava, sociedades públicas para el desarrollo de las comarcas.

¿Por qué no se tanteó a ningún otro despacho? «Pensábamos que teníamos a la persona idónea. Tenía la formación fantástica y con una experiencia 'ad hoc'. No hay que buscar más cuando se encuentra a alguien», ha justificado Arriola, que hasta que explotó el 'caso De Miguel' figuraba en todas las quinielas para haberse convertido candidato a la Alcaldía de Vitoria por el PNV. En su opinión, 'Txitxo' (como todos llaman al antiguo burukide) era un hombre de «mucho peso» en la Diputación alavesa, una versión que choca de frente con la versión que el principal implicado había dado de si mismo, cuando dijo que no tenía ningún tipo de influencia ni siquiera sobre los directores de su departamento.

Sánchez Alegría, por su parte, se ha mostrado visiblemente molesto en algunos momentos de su intervención. Ha asegurado que todo este caso ha «afectado» en el aspecto personal y que en cuanto Alberdi le notificó esta irregularidad le indicó que se iba a preocupar personalmente de que «ningún euro» de ese contrato se pudiera derivar a un «fin ilícito» y que iba a supervisar la ejecución de ese trabajo». Además, ha acusado al fiscal de incurrir en una falsedad cuando expuso ante el tribunal que había enviado un mensaje a Alfredo de Miguel para solicitarle mayor discreción tras haberse reunido con Ainhoa Alberdi. «Yo ni llamé a De Miguel, ni le avisé personalmente, ni a través de una persona interpuesta. Es rotundamente falso», ha zanjado.