El Poder Judicial reprocha a la 'reforma Bolaños' que no prohíba que el Gobierno dé órdenes al fiscal general

Pues bien, en el informe sobre el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia -dictamen preceptivo pero no vinculante aprobado por unanimidad-, los vocales del CGPJ, reunidos este lunes en pleno extraordinario, consideran que el Ejecutivo debería haber dejado claro desde «el primer artículo» el «carácter de órgano independiente» de la misma, «no sujeto a las directrices de ninguno de los poderes del Estado». Y, junto a ello, reprueban que la futura norma no incorpore, pese a lo preconizado, «una prohibición expresa y taxativa de dirigir al fiscal general del Estado órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo, en línea con lo previsto para la Fiscalía Europea».

Pese a que el Gobierno no tiene por qué asumir las recomendaciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, el informe difundido ayer, de 109 páginas, introduce un elemento crítico cualitativo en un escenario convulso para la política y los tribunales, en el que la oposición acusa a Bolaños de promover reformas de calado en el acceso a la carrera judicial y en ésta del Estatuto Fiscal para intentar atar en el futuro al Ministerio Público al Poder Ejecutivo; la tesis contraria de la que se afana en defender el titular del Ministerio de Justicia, que presume de la relevancia de unos cambios legislativos que modernizan el sistema y que pueden ser para medio siglo.

Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las de orientación progresista, amenazan con ir a la huelga si el Ejecutivo no da marcha atrás en sus iniciativas. Y la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, ha ido endureciendo el tono de sus avisos sobre el cuestionamiento que han venido efectuando los ministros de Sánchez de miembros de la Magistratura; en especial, de los instructores que mantienen imputada a Begoña Gómez y que han procesado al hermano del presidente y al fiscal general del Estado.

Porque éste es el otro factor distorsionador que planea sobre el anteproyecto de ley para un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal vigentes desde diciembre de 1981: que la reforma coincide con el hecho inédito en democracia de que el actual máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, se encuentre encausado por revelar supuestamente datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto, el Consejo del Poder Judicial avisa de que el Gobierno no garantiza la independencia del Ministerio Público que pregona porque no la consagra terminológicamente al optar por «autonomía» y al no reflejar debidamente, a ojos de los vocales, el espíritu de la Constitución; porque sigue sin dotarla de un presupuesto propio, no dependiente de Justicia; y porque se reducen 'de facto' las competencias del Consejo Fiscal, circunscribiéndolas «al ámbito consultivo, sin participación determinante en la toma de decisión». Lo que es tanto, alertan los vocales del CGPJ, como «dejarlo desprovisto de su capacidad de contrapeso» y empujarlo a su «desnaturalización».