El Consejo catalán de Garantías avala cubrir las fianzas con dinero público
El órgano consultivo da vía libre al fondo de la Generalitat a la espera de que la Abogacía del Estado emita su criterio al Tribunal de Cuentas
No era vinculante, pero todas las partes aguardaban al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para atisbar qué derroteros tomaba la vía abierta por la ... Generalitat para cubrir con dinero público las fianzas de los 34 ex altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas. Y a la vista del informe y la unanimidad que concitó entre sus integrantes, ese fondo de 10 millones de euros ha librado un nuevo obstáculo a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre su legalidad.
El órgano consultivo, al que corresponde velar por que las iniciativas legislativas del Parlament se adecuen al Estatut y a la Constitución, dio finalmente su visto bueno. En su respuesta a las solicitudes de PSC, Ciudadanos y PP, descarta que la creación del fondo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) constituya una «malversación de caudales públicos» ni una «sustracción» de dinero público. Tampoco considera que la Generalitat esté usando sus fondos para «un uso ajeno a la función pública y aún menos para darle una aplicación privada».
El Consejo estima «razonable y legítimo» que los servidores públicos, ya sean funcionarios o altos cargos, tengan derecho a «recibir la protección de la Administración en el ejercicio de su cargo». Lo que en todo caso sí recomienda el documento de 75 páginas es que este mecanismo sea «excepcional y muy limitado en el tiempo», y que el Govern mejore la redacción del decreto para motivar el papel del ICF en esta cuestión.
El independentismo recibió así un importante espaldarazo a su maniobra por parte de un órgano consultivo que en el pasado no le ha ofrecido precisamente grandes victorias. No en vano, el Consejo de Garantías advirtió del dudoso encaje constitucional de las leyes que sirvieron como avanzadilla para el referéndum ilegal de 2017. Avisos que el secesionismo siempre desoyó.
El dictamen de este órgano puso la alfombra para que el Parlament, con mayoría del soberanismo, convalidara ayer el decreto del Ejecutivo de Pere Aragonès. En paralelo, la Abogacía del Estado prepara, a instancias del Tribunal de Cuentas, un informe sobre la legalidad del fondo. También la Fiscalía de Barcelona, a petición de Cs, investiga la decisión de la junta del ICF de avalar a los exdirigentes del Govern.
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