Nadie se borra de los pactos de país

No hay más que echar un vistazo al listado de problemas prioritarios de la sociedad vasca en el último Sociómetro, el de junio de 2022. Los asuntos ligados al mercado de trabajo encabezan el ránking, seguidos de los económicos, Osakidetza y en cuarto lugar... los políticos y sus conflictos. No es de extrañar, por lo tanto, que el discurso del lehendakari, en el que ha estado trabajando desde principios de verano, se enfocase en la idea de propiciar grandes consensos transversales en esas áreas.

Junto a ello, por primera vez en años, Urkullu no hizo ninguna propuesta concreta para caminar hacia un nuevo estatus de autogobierno, algo chocante si se tiene en cuenta que, a finales de mayo, ya con la guerra declarada en Ucrania, provocó un pequeño incendio con sus socios del PSE al proclamar en Córcega la necesidad de dar cauce jurídico y político a la plurinacionalidad del Estado. Pero, desde entonces, el recrudecimiento de la crisis energética y la progresiva pérdida de poder adquisitivo de las familias le han persuadido de la necesidad de limar su discurso y enfocarlo hacia el pragmatismo y el «realismo» en detrimento del componente ideológico.

De ese magma nacen los pactos de país, que tienen desiguales probabilidades de éxito y cuya negociación nace lastrada por la competencia electoral. El Gobierno vasco, de momento, promete «generosidad» para facilitar la entrada de todos los grupos, «sin exclusiones», y cintura para aceptar propuestas y que todos «se vean ganadores». «Salvo a Vox, a nadie le resta ahora mismo pactar con el PNV», dicen. La oposición oscila entre el recelo y las «ganas de ayudar» al país. El hecho es que nadie se ha borrado de antemano de la mesa y que todos los partidos han dejado la puerta abierta al entendimiento. Estos son los cinco acuerdos que ha ofrecido Iñigo Urkullu y lo que cabe esperar de las conversaciones para alcanzarlos.

El listón está elevado porque el año pasado EH Bildu alcanzó un acuerdo inédito para abstenerse en las Cuentas de Urkullu a cambio de 253 millones en enmiendas. El hecho de que el Gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, no necesite en realidad los apoyos simplifica la posibilidad de acuerdos. Pero la cercanía de las elecciones de mayo de 2023 los dificulta, por lo que es complicado pronosticar el resultado final, cuando el Consejo Vasco de Finanzas ni siquiera ha dado a conocer aún los datos de recaudación que conformarán la base de las próximas Cuentas.

A la espera de esa cita, que se producirá en octubre, el acuerdo no se antoja sencillo porque tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos y el PP han ligado su apoyo a que se introduzcan cambios fiscales. La insistencia de las fuerzas de izquierda en un impuesto para los ricos hace temer en Ajuria Enea que no haya voluntad real de entrar al pacto. El PNV no es partidario de eliminar Patrimonio pero tampoco de poner palos en las ruedas a los empresarios con un discurso contra «los poderosos» al estilo del que enarbola Sánchez desde hace unos meses. El PP, por su parte, ya acordó en 2017 una reforma para bajar Sociedades a cambio de su respaldo a las Cuentas de PNV y PSE e insisten en que su voluntad es real si se reducen las tarifas del IRPF. Si la izquierda abertzale se apea de las negociaciones podría haber posibilidades, pero los propios populares temen que el PSE -ambos están ya en clave de elecciones generales- torpedee ese acuerdo.

Es, de los cinco, posiblemente el acuerdo con menos perspectivas de materializarse. La razón es sencilla: las carencias en Atención Primaria son el principal ariete de los grupos de la oposición para desgastar al Gobierno y no está claro que ninguno de ellos vaya a renunciar a su caballo de batalla. El anuncio de la creación de 358 nuevas plazas en los centros de salud vascos no ha sido recibida con especial entusiasmo y todos son conscientes, incluido el Ejecutivo, de que el problema de fondo -la falta de médicos y enfermeras- es imposible de resolver a corto plazo. Las alusiones de la consejera Sagardui a un «cambio cultural» que podría obligar a desplazamientos más largos para ser atendido tampoco ayudan. Y los precedentes tampoco: el Parlamento vasco ya hizo decaer en julio la iniciativa de EH Bildu para constituir una ponencia que analizara la situación de los ambulatorios.

En este caso, los mimbres ya están colocados y apuntan hacia una nueva ley de Educación esta legislatura, una vez cumplimentado el trámite parlamentario, con los apoyos de PNV, PSE y EH Bildu, cuya estrecha relación con las ikastolas concertadas les ha acercado al pacto. Un éxito para el Gobierno, que logra el respaldo de más del 80% de la Cámara a la ley que sustituye a la impulsada por Fernando Buesa. El pulso por los votos a la izquierda del PSE ha descabalgado, no obstante, a Elkarrekin Podemos, que denuncia incumplimientos y falta de avances para combatir la segregación. Los morados, a la baja en todas las encuestas y marcados por Bildu, se han envuelto en la bandera de la defensa de lo público para recuperar 'punch'.

El envejecimiento de la población es un hecho objetivo y la necesidad de combatir sus efectos, de los que dependen las pensiones futuras, un reto compartido por todo el arco parlamentario. Gobierno y oposición reconocen que, al ser el menos 'ideológico' de todos los acuerdos planteados por el lehendakari, cuenta también con mayores perspectivas de éxito. Existe, además, un precedente que alienta el optimismo: el pleno monográfico celebrado en mayo pasado -en el que se aprobó el cheque de 200 euros al mes por hijo a cargo hasta los tres años- marcó el inicio del viraje hacia un inédito clima de acuerdos y solo en esa sesión el Gobierno incorporó 40 propuestas de la oposición.

Hay bazas a favor y en contra de este acuerdo, seguramente uno de los más cruciales en un país que solo produce el 8,6% de la energía que consume. Los obstáculos son evidentes: el elevado componente ideológico de un pacto en el que enseguida salen a relucir Petronor, Iberdrola y palabras como 'oligopolio' y 'beneficios extraordinarios'. El discurso verde tampoco casa con el pragmatismo que ha llevado, por ejemplo, al PNV a votar a favor en Europa de que las nucleares y el gas sean consideradas energías de transición.

A favor, la necesidad de reducir la dependencia y las importaciones de energía más cara, sea la que llega en metaneros desde el otro lado del Atlántico o la nuclear francesa. «Las habas están contadas. Dado que ni se puede buscar gas en el subsuelo por ley ni se van a reabrir nucleares, solo nos quedan las renovables. Eso lo saben todos, así que somos optimistas», abundan en el Gobierno. El giro de EH Bildu para abrirse a la construcción de parques eólicos en los municipios que gobierna también ahonda esa impresión.