EH Bildu y Podemos critican la nueva ley de abusos policiales pero permitirán que se apruebe

La ley de abusos policiales, cuya nueva redacción ha sido pactada por los gobiernos central y vasco para evitar un recurso de inconstitucionalidad, será aprobada por el Parlamento durante las próximas semanas. Así se ha confirmado este mediodía una vez que EH Bildu ha anunciado que se abstendrá en la votación definitiva pese a mostrarse muy disconforme con el alcance de la norma. Esta decisión hace que los apoyos de PNV y PSE resulten suficientes para dar curso a la ley hagan lo que hagan el resto de fuerzas.

La de EH Bildu será en todo caso una abstención muy crítica. Ha quedado de manifiesto durante la comparecencia del secretario de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno, Jonan Fernández, en el Parlamento para presentar las bondades de la ley tras los retoques a los que se ha sometido para evitar su suspensión. Fernández no ha convencido al parlamentario de la coalición soberanista Julen Arzuaga, que le ha acusado de «cepillar» la norma y de crear un «salvoconducto» para los agresores tras conocerse que solo analizará casos ya prescritos. Arzuaga también ha lamentado que la decisión genere diferencias entre víctimas, en alusión al mejor trato que reciben, a su juicio, los afectados por el terrorismo, una opinión que también comparte Elkarrekin Podemos.

La ley de abusos policiales que pretende regular lo ocurrido entre 1978 y 1999 fue aprobada por el Parlamento en 2016 y recurrida a los pocos meses por el Gobierno del PP, que consideraba que el articulado anterior invadía competencias judiciales y otorgaba a la comisión de expertos que va a crearse en Euskadi capacidad decisoria. Con la llegada del PSOE a Moncloa, Sánchez y Urkullu pactaron la retirada del recurso en julio a cambio de que se revisara el articulado. «Alguien pensaba que el objetivo era sustituir a los jueces y nunca lo ha sido», ha explicado Jonan Fernández tras determinar que la norma busca «reconocer y reparar» administrativamente a las víctimas sin fijarse en los agresores.

El alcance de la norma ha sido aplaudida hoy en el Parlamento por PNV y PSE, pero no por la oposición. El PP sigue manteniendo que la ley «carece de garantías jurídicas» y Elkarrekin Podemos que «se queda corta» y «jerarquiza a las víctimas». Pero especialmente beligerante se ha mostrado EH Bildu, que considera que la norma es «un paso atrás», aunque la apoyará porque «algo da» a los afectados. Para Julen Arzuaga no resulta compatible que mientras las víctimas del terrorismo de ETA tienen ahora «expectativas al alza» una vez que Francia ha aportado nuevos documentos que pueden ayudar a esclarecer atentados, a los afectados por la violencia policial se les diga que sus casos «están prescritos y deben conformarse con el reconocimiento institucional». «Han preferido no soliviantar a las asociaciones policiales», ha añadido.

Las palabras de Arzuaga han generado un notable malestar en el secretario de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Jonan Fernández ha criticado a EH Bildu por «desentenderse de la ley» escudándose en que ha sido «cepillada» y por «ponerse estupendos y elevar el listón de exigencia hasta donde saben que no se puede llegar». Fernández también ha reprochado a la coalición que «genere confusión al subrayar las diferencias entre las víctimas» cuando «se trabaja para equiparar los derechos de todas».