La negativa de Urkullu a una reforma fiscal aleja la opción de un acuerdo presupuestario
El Gobierno vasco limita el marco negociador a sus competencias ante las peticiones de Bildu, Podemos y PP, con los que habrá otra reunión
Fue una constante a lo largo de la mañana de este miércoles en el edificio de Lakua II, donde el consejero Pedro Azpiazu aguardaba a los grupos de la oposición para iniciar las negociaciones presupuestarias. Primero, a las 9.30 horas, fue EH Bildu quien le trasladó su oferta, valorada en 450 millones de euros y en la que se insta a abrir «una profunda reflexión» sobre política fiscal. Después, a las 11.00, llegó Elkarrekin Podemos-IU, con propuestas que suman 511 millones y el planteamiento de una reforma que tocaría el IRPF, Sociedades y Sucesiones. Y, por último, a las 12.30, era el turno de PP+Cs, que no cuantificó el impacto económico de sus iniciativas, pero sí insistió en una rebaja de impuestos.
Tras la primera toma de contacto, y si bien nadie habló de «línea roja», la fiscalidad se erige ya en el elemento central de las conversaciones en las que el Gobierno vasco trata de ensanchar los apoyos para unas Cuentas de 2023 garantizadas de antemano por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. Y ese 'leitmotiv' es algo que no gusta al Departamento de Economía y Hacienda, que insiste en limitar el marco negociador a las competencias del Ejecutivo autonómico, entre las que no se encuentran los impuestos, en manos de las diputaciones. Los grupos, en cambio, insistirán en la próxima reunión −aún no hay fecha−, conscientes de que eso no fue un impedimento en años anteriores y de que la coyuntura ha cambiado.
La delegación de EH Bildu, encabezada por Maddalen Iriarte, considera que Euskadi está siendo una «anomalía» al no abordar el debate fiscal en pleno «cambio de era». La coalición soberanista pide dejarse de «parches» y adoptar cambios «estructurales». Entre sus iniciativas, ampliar en 100 millones el fondo Finkatuz para garantizar el arraigo de empresas en el País Vasco, 50 millones para aumentar el parque público de alquiler social y otros 50 para extender el bono energético. Además, la formación abertzale reprochó a Azpiazu los incumplimientos en el pacto presupuestario del año pasado, un extremo que el consejero negó al dar por satisfechos «el 100%» de los compromisos que dependían del Gabinete Urkullu.
Podemos y el pacto educativo
Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, mostró su «sorpresa» ante la constatación de que Lakua no está dispuesta a hablar de compromisos extrapresupuestarios como la fiscalidad. Una respuesta que, según admitió Miren Gorrotxategi, «achica» el margen para un posible entendimiento. En su plataforma de negociación, que el equipo de Azpiazu ve fuera de «lo viable» por su elevado montante, los morados reclaman 170 millones más para Osakidetza, sobre todo para Atención Primaria y un nuevo hospital en el Duranguesado. Pero en su oferta también destacan otros 90 millones para un plan estratégico para la escuela pública, una muestra de que la coalición seguirá presionando con el cumplimiento del pacto educativo firmado en abril.
Por último, PP+Cs, a priori el grupo menos proclive a un acuerdo, eludió informar sobre las propuestas concretas que remitieron al consejero, las cuales tampoco han sido cuantificadas, una misión que dejan en manos del Departamento de Economía y Hacienda. Carlos Iturgaiz, eso sí, dijo tender su mano para aprobar «un alivio fiscal» en línea con los de comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Andalucía. Azpiazu le recordó que esas propuestas en materia impositiva «trascienden el marco competencial» del Gobierno vasco.
